Los primeros 10.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para la recuperación de la pandemia ya han llegado a España. Y desde el Gobierno siguen moviendo ficha para intentar ‘in extremis’ asegurarse la infraestructura suficiente con la que gestionar el aluvión, en especial en el área de transformación digital. Primero fue el Ministerio de Economía que designó a la empresa pública Isdefe para apoyar en estos trabajos. Y ahora es la entidad dependiente del departamento de Defensa quien ha concluido un proceso para buscar a varias decenas de consultoras y empresas tecnológicas para el asesoramiento y gestión, con un coste estimado de más de 26 millones de euros, en el plan de 4.300 millones de digitalización de la administración pública.
De los 70.000 millones de euros que se repartirán en el periodo hasta 2023, un 29,5% estará relacionado con la transformación digital. Es decir, en torno a 20.700 millones de euros. “Estos importes presupuestarios tan considerables someterán a una gran tensión a la capacidad de gestión y contratación de la Administración”, asegura el Isdefe en la memoria justificativa del acuerdo marco que ha firmado con las consultoras y demás empresas. Esta realidad se suma a la decisión de mediados del año pasado de anular barreras para encauzar ese dinero hacia empresas públicas -eliminando el límite del 50% de subcontratación en encargos de medios propios-.
En este contexto, la firma pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) se ha convertido en una pieza clave. No sólo para Economía -la Secretaría de Estado de Digitalización aprobó un encargo de unos 4 millones de euros para la movilización de esos fondos-. También para otros departamentos del Gobierno. Y es por eso que ante la falta de medios propios, Isdefe ha salido al mercado para reclutar al personal. Inició el proceso y lo concluyó hace unas semanas.
La entidad ha optado por poner en marcha un acuerdo marco con una duración de un año y la posibilidad de ampliar durante otro más. Lo que busca es agilizar la contratación con las consultoras y empresas tecnológicas que lleven a cabo estos trabajos, reduciendo los tiempos y evitando tareas repetitivas de papeleo. Lo ha dividido en seis lotes que van desde la consultoría en tecnologías hasta servicios de ciberseguridad o el apoyo a la gestión de programas. Después de más de seis meses de gestión se han elegido a más de una treintena de consultoras, entre las que se encuentran ‘clásicas’ como Deloitte, Atos, Everis o Accenture.
Los ‘clientes’ de estos servicios que aportarán estas consultoras serán los principales ministerios del Gobierno: Ciencia e Innovación, Defensa, Economía, Inclusión y Seguridad Social, Justicia y Política Territorial. Varios de estos departamentos ya han expresado a la entidad pública su intención de realizar encargos para la gestión o la ejecución de proyectos. Éstos estarán enfocados en la aplicación de tecnologías para “mejorar la eficiencia, la transparencia y la accesibilidad al ciudadano de las Administraciones”. La normativa de uso de estos fondos impone restricciones sobre los destinos finalistas de su uso. En concreto, la aplicación no debería suponer un aumento de la estructura de gestión o del gasto permanente de la administración, según explica el Isdefe en su memoria justificativa de este acuerdo marco. Por ello, según aseguran, se ha optado por esta subcontratación.
Los primeros 10.000 millones de euros están ya en el Tesoro después de que la pasada semana los 27 miembros de la Unión Europea le dieran la luz verde a la distribución. Pese a ser el primer país del continente en recibirlo, hay dudas significativas sobre si la administración será capaz de gestionar esta lluvia de dinero público destinado a la transformación digital y verde de la economía tras el golpe de la pandemia del coronavirus. Dentro de este aluvión se ha reservado más de 4.300 millones de euros para la modernización de la administración, algo que se antoja clave también para la gestión de todos estos proyectos. En este plan se incluye la puesta en marcha de un nuevo modelo de identidad digital o la automatización de procesos y la introducción de inteligencia artificial.
Dudas sobre la gestión del maná
También existen dudas sobre cómo se llevarán a cabo los conocidos como PERTEs, es decir, megaproyectos estratégicos para el desarrollo de segmentos industriales relevantes. Recientemente se ha dado luz verde por parte de Europa para dos de ellos: el del coche eléctrico y conectado, que supondrá un desembolso de unos 3.000 millones de euros de dinero público, y el del hidrógeno verde, que sumará más de 2.400 millones. Respecto a este último, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró a mediados de diciembre que se pondrán en marcha las primeras convocatorias de proyectos por 500 millones de euros.
En materia de digitalización también se han dado los primeros pasos, aunque con cierta lentitud para lo que se conoce como ‘kit digital’, es decir, las subvenciones a cargo de estos fondos europeos para la transformación tecnológica de las pequeñas y medianas empresas. También se ha tirado de la consultora Everis para la gestión de todas estas ayudas (con un coste de más de 10 millones de euros). El Boletín Oficial del Estado ya publicó hace casi una semana las bases reguladoras de este programa. La realidad es que las grandes empresas de telecomunicaciones se convertirán en distribuidoras de estos 3.000 millones de euros, aprovechando sus extensas redes de clientes de conectividad. Y por ello se han lanzado todas ellas a poner sobre la mesa paquetes concretos de soluciones propias y de terceros para la nube, ciberseguridad o la gestión de los datos.
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