El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes al organismo autónomo Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa que saque a subasta los 110.858 metros cuadrados cuartel de artillería de Son Busquets, en Palma, por 45,84 millones de euros. Algo habitual (la puja pública) porque el Ministerio se está deshaciendo de suelo e inmuebles para hacer caja, y que ha quedado patente con la venta del terreno que tenía en Raimundo Fernández Villaverde por 111 millones, o la del solar sede del antiguo hospital del Aire en Madrid que se vendió por 22,6 a Dedir Clinica. También en operaciones que aún no ha cerrado como las de los cuarteles rurales dispersos por la geografía nacional o los 15 suelos que siguen sin postor de la antigua ciudad del Aire en Alcalá de Henares, Madrid.
Sin embargo, el anuncio de la subasta por Son Busquets no está exento de polémica, ya que en periodo preelectoral se esperaba la construcción de 831 viviendas sociales, algo que pide a gritos una isla como Palma, y que el lugar siguiese siendo de titularidad pública. El cuartel, lejos de encontrase aislado, es esencial para conectar las barriadas de Cas Capiscol, el Camp Redó y el Amanecer. En 2018 se acordó que el antiguo cuartel militar, ubicado entre las carreteras de Valldemossa y Sóller, contaría con un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) el próximo semestre.
El PERI, sin aprobar, contaba con ocho edificaciones con 828 viviendas protegidas, un parque central, un equipamiento educativo, uno deportivo, otro sanitario y dos socioculturales. Todo ello en los 110.858 metros cuadrados de superficie de las instalaciones construidas en los años 50 y que llevan cerradas casi dos décadas. Incluso, los arquitectos Duch Navarro y Xisco Pizá Alabern tienen aún los 'renders' del proyecto de viviendas públicas en la web del proyecto.
El miedo de las administraciones
Y es que el principal miedo de Govern, Cort, oposición municipal, Joves Arquitectes de Mallorca y vecinos es que el nuevo adjudicatario del suelo no respete el acuerdo de construir vivienda pública allí, ya que el de Son Busquets es uno de los pocos grandes solares que quedan en Palma. Antoni Noguera, miembro del grupo nacionalista Més y exalcalde de Palma de Mallorca, ha criticado duramente la venta de las instalaciones por parte del ministerio que dirige en funciones Margarita Robles y aseguró que "no se entiende que el Ministerio de Defensa no mira por los intereses de la ciudadanía y antepone criterios económicos y especulativos a criterios de interés general de la ciudad".
Son Busquets no ha de ser símbol d'especulació, sinó d'habitatge social. Com a senador, demanaré explicacions al govern espanyol perquè volem una ciutat per viure-hi pic.twitter.com/XQgAWj5RyR
— Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) 17 de julio de 2019
En este sentido, Noguera ha defendido que "el Ministerio no puede hacer negocio o especular con solares públicos ante las necesidades de vivienda que tiene Palma", y ha recordado que la compra de las instalaciones de Son Busquets de una administración a la otra "es absurda" porque las administraciones públicas deben actuar de forma solidaria entre ellas, "el fin de dar respuesta a las necesidades sociales". "Con la iniciación de los trámites para la subasta de Son Busquets, queda claro que Pedro Sánchez no defiende el derecho al acceso a la vivienda de la ciudadanía", ha continuado el también concejal de Cultura y Bienestar Social.
Por su parte, Cort y el Govern pretenden que el Ministerio de Fomento sea el titular de Son Busquets para que pueda construir 831 viviendas de protección oficial públicas y alquilarlas a precios asequibles. El alcalde de Palma, José Hila, explicó a la agencia EFE que la opción más deseable para las instituciones de las Islas sería que el Ministerio de Defensa cediese Son Busquets al de Fomento, que es el que tiene potestad para construir vivienda pública.
Aunque en el Consejo de Ministros se dejó claro que este codiciado suelo balear no tenía otros 'novios' en la Administración pública. "Con carácter previo, se ha procedido a efectuar su depuración física y jurídica, y se ha ofrecido al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado que, en fecha 24 de septiembre de 2018, comunicó que dicho inmueble no se consideraba de interés para otros servicios de la Administración General del Estado", reza el documento público.
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