Jueves, 17.01.2019 - 18:53 h
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Del Valle insiste al juez de Nueva York y le urge a que se decida ya sobre el Popular

El grupo de inversores mexicanos presenta una moción a su recurso de apelación contra el fallo del Tribunal americano. 

Del Valle denuncia que Bruselas ignoró sus expectativas en Popular (Flickr: Casa de América)
Del Valle denuncia que Bruselas ignoró sus expectativas en Popular (Flickr: Casa de América)

El grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle, autodenominado MIG, compuesto por más de 40 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión con unos 470 millones de euros perdidos tras la resolución y posterior venta de Banco Popular en junio de 2017, ha presentado una moción a su recurso de apelación contra el fallo del Tribunal de Nueva York en la solicitud de 'discovery' con el objetivo de agilizar el procedimiento.

"El demandante Antonio del Valle Ruiz, como representante del grupo MIG, envía respetuosamente esta moción para acelerar su apelación a la denegación del Tribunal del distrito en su solicitud para llevar a cabo el 'discovery'", reza el documento enviado por el grupo de inversores mexicanos y al que ha tenido acceso Europa Press. Hace poco más de una semana, el juez Edgardo Ramos, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, denegó al MIG, junto a los fondos Pimco y Anchorage Capital, la solicitud a Banco Santander de revelar la información de que pudiera disponer sobre el proceso de resolución de Banco Popular y solamente estimó la petición respecto a Santander Investment Services (SIS), una filial dedicada a la actividad de bróker dealer, que carece de documentación sobre este caso.

El Tribunal rechazó así la solicitud en los casos de Banco Santander SA, Santander Holding USA y Santander Bank NA, por lo que Del Valle presentó el pasado lunes una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de EEUU del Segundo Circuito, al considerar "firmemente" que la petición de exhibición presentada cumple con cada uno de los requisitos de la ley.

El intento de agilizar su apelación con esta carta tiene como objetivo lograr el visto bueno al 'discovery' en los casos denegados antes de que expire el plazo para presentar pruebas ante los tribunales europeos. Los afectados tienen que conseguir las evidencias tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, antes de la vista oral del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que probablemente tendrá lugar en julio de 2019.

No obstante, existe una alta probabilidad de que los demandantes no tengan tiempo para, además de lograr 'luz verde' por parte del Juzgado estadounidense, llevar a cabo las investigaciones necesarias. De este modo, en vistas del limitado tiempo, el MIG ha propuesto un calendario. Así, establecen el próximo 3 de diciembre de 2018 como límite para la apertura de la solicitud de apelación de los demandantes, seguido de la apertura de recurso por parte del demandado para el 22 de enero de 2019, y la contestación a la misma por los demandantes hasta el 5 de febrero de 2019.

Del Valle también ha solicitado al Tribunal neoyorquino que programe una vista oral "lo más pronto posible", preferiblemente a principios de marzo de 2019, y que se esfuerce por emitir su decisión antes del 30 de abril del año que viene. Los mexicanos consideran que, si se sigue este cronograma, y si finalmente se acepta la solicitud de 'discovery', habrá tiempo "suficiente" para investigar y presentar las pruebas obtenidas al TJUE.

El texto recoge también la postura de Banco Santander respecto a este calendario propuesto por el MIG. "Los demandantes han consultado con los demandados, quienes no se oponen al cronograma de información establecido", recoge el documento de agilización del recurso de apelación. Los afectados iniciaron el pasado mes marzo este procedimiento legal en Estados Unidos al considerar que la Justicia estadounidense es "más garantista" que la española en este tipo de procesos.

El MIG también mantiene abiertos otros frentes legales, como las dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que el proceso de resolución del banco incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006). En concreto, ha presentado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, así como una notificación de arbitraje en virtud de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

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