Deliveroo saldrá en los próximos meses de España. Pero su cúpula ha dejado en vilo a los 3.800 empleados, entre trabajadores directos y 'riders' al retrasar la negociación del despido colectivo. La empresa británica ha alegado a los sindicatos "problemas técnicos" para llevar a cabo esta medida, sin que haya facilitado aún una fecha concreta. Las principales organizaciones sindicales, que también van a participar en el periodo de consultas, confían en conseguir que se reconozca la antigüedad de los más de 3.500 repartidores que fueron dados de alta hace varias semanas para lograr mejores indemnizaciones.
La compañía cotizada soltó la 'bomba' justo a finales de julio, en pleno verano. Después de meses de muchas especulaciones, en los que se vio obligada a introducir la posibilidad de salir de España en el folleto de salida a bolsa en Londres (Reino Unido) por el riesgo regulatorio, lo anunció formalmente. Ante el parón del mes de agosto, aseguró que a principios del mes de septiembre iniciaría el preceptivo periodo de consultas para ejecutar el ERE. Sin embargo, aún no se ha celebrado ninguna reunión, ni hay, al menos por ahora, ninguna fecha específica en el calendario. Esto genera una cierta situación de inseguridad entre los empleados, que siguen manteniendo un servicio condenado a 'morir' mientras esperan la decisión.
Según explican fuentes sindicales, la única razón esgrimida son los "problemas técnicos". Así se lo han comunicado desde la dirección, que guarda silencio y descarta ofrecer más contexto sobre esas dificultades y si hay algún plazo para solventarlas. El proceso se antoja complejo, no sólo por el número de empleados, sino también por todo el contexto. Deliveroo debe más de 5 millones de euros en cotizaciones sociales de los 'riders' y en sanciones después de varias actas de liquidación levantadas por la Inspección de Trabajo en Barcelona, Madrid o Valencia después de calificarlos como 'falsos autónomos'.
No hay plazos concretos, pero no debería alargarse más allá de finales del mes de septiembre, pues el periodo de consultas tiene una duración legal máxima de un mes. La empresa ya avisó a sus inversores que no estaba dispuesta a invertir más en España, pues había perdido muchas posiciones en cuota de mercado y ya representaba menos del 2% de todo el volumen que se mueve en su plataforma. "Lograr y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requeriría un nivel desproporcionado de inversión con retornos potenciales a largo plazo altamente inciertos", aseguró en julio y volvió a reiterar en la presentación de los resultados del primer semestre en el pasado mes de agosto. Hoy buena parte del 'pastel' se lo comen los tres más grandes: Just Eat, Uber y Glovo.
Los principales sindicatos siguen aguardando a la espera de más información por parte de la compañía. CCOO y UGT participarán en esta negociación. Y su objetivo es tratar de mejorar, al menos, las condiciones de salida de los 'riders' y de la plantilla de la empresa. Los primeros son la prioridad, pues su situación laboral es mucho más comprometida. Justo después del anuncio formal del despido colectivo a finales de julio, la empresa ejecutó algo a lo que está obligado: el alta como empleados en la Seguridad Social de los 3.500 'riders'. Pero la fecha de entrada en vigor implicaría que su antigüedad quedaría reducida enormemente, lo que dejaría en la mínima expresión una potencial indemnización. Y es esto lo que quieren cambiar, vinculando esa antigüedad a la real, es decir, a la fecha en la que inició su actividad como repartidor.
Esto elevaría, al menos en teoría, de manera significativa el desembolso final por parte de los británicos -hay riders con varios años de experiencia en la plataforma-, que sólo se limitaron a asegurar el pasado mes de agosto al regulador británico que se asegurará de que entregarán a 'riders' y plantilla "paquetes de compensación apropiados, que cumplan con todas las regulaciones y leyes locales". La última gran tecnológica que hizo lo mismo fue Uber, que despidió a un tercio de su plantilla en España -un centenar en aquellas fechas- durante el verano de 2020, sin que se conozca aún la cifra que debió pagar.
Y el resto de rivales...
Más allá de los problemas regulatorios, que influyeron en la situación de la empresa, la caída en el negocio ha contribuido de manera importante en la salida. Deliveroo había perdido pie con la irrupción fuerte de Uber Eats y con su rivalidad con Glovo, sobre todo en ciudades al margen de las grandes capitales como Madrid o Barcelona. A esto hay que sumar una escasa estabilidad en la cúpula, por la que han pasado hasta tres consejeros delegados en los últimos cuatro años.
La llamada 'ley rider' entró en vigor en España el pasado 12 de agosto. Y tal como se esperaba el panorama se basa, principalmente, en dos grupos. Por un lado, Glovo, que sigue apostando por un modelo de autónomos, aunque con un sistema de reparto de trabajo nuevo con el que buscan evitar la relación laboral. Este incluye la posibilidad de conectarse sin franjas horarias y la introducción de una herramienta (denominado internamente como 'multiplicador') por el que los repartidores definen cuánto quieren cobrar, algo que los sindicatos entienden que es una "subasta a la baja". Por el otro lado se encuentran empresas como que han optado, principalmente, por la subcontratación como Uber y Just Eat. En el caso de esta última el objetivo es incorporar a los repartidores en plantilla, para lo que ha iniciado una negociación de convenio colectivo con los sindicatos.
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