En una mesa todas las empresas de entrega de comida (y otros productos) de última milla. Diana Morato, responsable de Deliveroo en España, una de las compañías más señaladas por su modelo laboral, asegura: "El mismo día que introdujimos el seguro gratuito para 'riders', nos llamaron de la Inspección de Trabajo de seis ciudades distintas".
Éste es el ejemplo que la directiva ha utilizado durante el debate organizado hoy por la patronal de la economía digital, ADigital, para insistir en lo que ellos entienden como "inseguridad jurídica" para llevar a cabo su modelo de negocio como plataforma.
"Si esto es trabajo precario, que nos digan cómo podemos avanzar para darle más derechos y para equiparar derechos", ha insistido Morato, quien defiende que sigue habiendo una parte de la población trabajadora que valora la flexibilidad "sobre cualquier cosa" y es a ese porcentaje al que hay que "proteger".
"No existe seguridad jurídica"
La posición defendida por Deliveroo, denunciada ante la Inspección de Trabajo y condenada por un juzgado recientemente en Valencia por mantener falsos autónomos en su plantilla, es similar a la que han sostenido los otros grandes actores de este sector: Uber (con su servicio de entrega de comida a domicilio UberEats), Glovo o Stuart (hoy en manos del grupo francés dueño de Seur).
"No existe seguridad jurídica y las empresas no sabemos a qué atenernos; en el caso de los seguros existe una dicotomía entre que por un lado queremos dar facilidades a quien utiliza nuestra 'app', pero hacerlo implica que desde un punto de vista normativo estés más cerca de la relación laboral", ha asegurado Manel Pujol, responsable de la división de comida de Uber en España.
Desde compañías como Glovo, reclaman una flexibilización de la figura del autónomo. "Es fundamental hacerlo y además quitar burocracia... hoy no hay un punto medio entre ser trabajador por cuenta ajena o autónomo", ha argumentado Sacha Michaud, cofundador de la plataforma de 'recaderos' bajo demanda.
El difícil encaje laboral de las nuevas relaciones laborales
Y es que la irrupción - al menos de manera masiva - de estas nuevas plataformas digitales de intermediación de servicios y los nuevos modelos de relación laboral que han traído consigo han cogido al Estatuto de los Trabajadores con el pie cambiado. "Las señales que nos llegan del futuro, los 'riders' de Deliveroo, los conductores de Uber, no tienen encaje en los principios que rigen el actual marco laboral y han venido a poner de manifiesto la imperiosa necesidad de unas reglas laborales del siglo XXI", aseguró ayer José Antonio Herce, socio de la consultora AFI y una de las voces más respetadas en el ámbito del debate socio-laboral en España.
En la academia existe una coincidencia generalizada en que con el marco legal actual la relación de los profesionales que trabajan con, para o a través de estas nuevas plataformas digitales solo puede abordarse desde el Estatuto de los Trabajadores, la ley de autonómos o la regulación de los TRADE, los denominados trabajadores autónomos económicamente dependientes porque asocian más del 75% de su actividad a una misma empresa. Figuras todas, convienen, que ni mucho menos se adaptan al tipo de relación laboral generada por estas plataformas y que pringan de inseguridad jurídica este tipo de actividad.
El Parlamento está intentando coger el toro por los cuernos, pero no sin dificultades. El debate se sustancia en la subcomisión parlamentaria que busca mejorar la regulación del trabajo autónomo y se centra en si abordar el asunto encuadrando esta relación en el ámbito del trabajo autónomo o si crear una nueva figura a medio camino entre la relación laboral como autónomo y la relación mercantil para garantizar cierta seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a las plataformas.
O al menos en ese punto estaba hasta el cambio del Gobierno. "No sabemos qué puede ocurrir a partir de ahora", admite uno de los diputados presentes en los trabajos de la subcomisión. El hecho es que la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, mencionó el asunto en su primer discurso como ministra y lo hizo en términos muy claros: "Se trata de una relación laboral, que en muchos casos se oculta bajo la forma de falsos autónomos" y que el Gobierno pretende abordar desde la ley y desde la Inspección de Trabajo.
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