Justo dos años después de que los inspectores de trabajo señalaran con el dedo a Deliveroo, la compañía perdió el primer asalto en los tribunales. Un juez de primera instancia le dijo a la compañía británica que sus 'riders' eran empleados y no autónomos. El pronunciamiento es uno más, pero el más importante por número de implicados -cerca de medio millar de repartidores-. Pese a la presión, Deliveroo gana tiempo con un recurso del fallo ante el TSJ de Madrid y huye hacia delante manteniendo su modelo, mientras batalla en los despachos para lograr un cambio en la regulación.
Deliveroo, al igual que ha hecho en el pasado Glovo, se agarra a un clavo ardiendo: el cambio de condiciones impuestas a los 'riders' en su plataforma. "No refleja la forma en la que los riders colaboran ahora", apunta. Fue en junio de 2017, justo después de que la Inspección de Trabajo concluyera su investigación, cuando la compañía modificó el contrato -incluyendo la figura de 'trade'-, para dar cabida a los que facturaban más del 75% de su negocio con la plataforma.
Los cambios en los que se escuda
Desde esa fecha hasta hoy ha habido varias modificaciones, según confirman varios 'riders' a La Información, eliminando formalmente algunas obligaciones que le exigían para el trabajo diario. Y es en esto en lo que se escuda la compañía, para restar importancia al fallo hecho público este martes y para defender que no pone en duda el modelo actual.
Uno de esos cambios más destacados es el de la organización de las horas. Antes era organizado por Staffomatic, una herramienta de terceros que repartía los bloques de tiempo para trabajar en la plataforma. Ahora es el 'rider' el que, en teoría, tiene la capacidad para elegir. Pero, al igual que sucede en Glovo, existe un sistema de 'acceso preferente' gracias al cual se ofrecen mejores paquetes a los que rechazan menos pedidos o tienen mejor valoración. "Es un simple cambio para maquillar, porque ellos controlan la oferta y demanda de las mejores horas como dueños de la plataforma", apunta Carlos Iglesias, portavoz de la organización Riders x Derechos en Valencia.
A este cambio se suman otros vinculados al funcionamiento diario como la eliminación de la obligación de ubicarse en un punto (llamado en el argot de la empresa 'centroide') de la ciudad tras cada uno de los pedidos. Ahora, según explica, se aconseja al 'rider' que siga volviendo a esas zonas porque lograrán más pedidos.
A por el 'trade digital'
Estos continuos cambios en las condiciones de la plataforma son, según reconocen desde UGT, una de las mayores dificultades para atacar jurídicamente a compañías como Deliveroo, dado el retraso en la Justicia española y el tiempo que transcurre entre la primera denuncia a la Inspección de Trabajo y el pronunciamiento de un juez. También ha sucedido en Glovo, donde se han ido modificando algunas de las obligaciones exigidas.
Mientras tanto, Deliveroo ha aprovechado la ocasión no sólo para reivindicar la legalidad de su modelo -muy cuestionado por los jueces- sino también para exigir un cambio regulatorio que les dé más seguridad jurídica. Insisten en la necesidad de crear la figura de un 'trade digital', un autónomo dependiente de todas las plataformas -no sólo de una- que tenga más ventajas sociales y jurídicas como el derecho a vacaciones, salario mínimo o desempleo. Es decir, descartan por completo modificar el sistema incluyéndolos como trabajadores por cuenta ajena dentro de su plantilla.
En esta batalla han ido haciendo 'lobby' en las diferentes administraciones. También este martes aprovecharon la sentencia para exigir "una reforma legal" que permita a las empresas "ofrecer a los riders más seguridad, sin poner en peligro la flexibilidad". Durante los últimos meses, la patronal del sector, Adigital, ha presionado a las instituciones para lograrlo.
En esta batalla, Deliveroo (y otros como Glovo) está ganando tiempo en los tribunales. La última sentencia conocida esta semana, en la que le dicen que sus 'riders' son falsos autónomos, será un ejemplo más. Le queda al menos dos años hasta que el caso llegue al Tribunal Supremo y sea firme.
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