Disney+ se suma a Netflix y facturará a los clientes españoles desde Países Bajos

Disney prestará el servicio de streaming en España... desde Países Bajos. El gigante estadounidense facturará a los clientes en España desde una matriz con sede en Amterdam. Repite el mismo esquema, por tanto, que el de su máximo rival, Netflix, que lo mantiene desde su aterrizaje en el mercado español en el año 2015. Esta estructura, que se ha extendido entre las grandes compañías tecnológica con el objetivo de reducir los impuestos, permitirá mantener un velo sobre los datos de suscriptores, que no tendrán que ser remitidos al regulador.

En el contrato de suscripción que la multinacional ha publicado en su web después de su aterrizaje en España se deja claro que el proveedor del servicio es "The Walt Disney Company (Benelux) BV" con sede en Amsterdam. Esta es la que lo presta y, en parte, la responsable de todos los datos personales y la privacidad en la plataforma, junto con la matriz que tiene ubicada en Londres (Reino Unido). 

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Esta estructura corporativa en los servicios es similar a la que se da en los grandes rivales de la empresa. Por ejemplo, Netflix factura desde Países Bajos (Netflix International BV), donde concentra el 40% de todos los ingresos mundiales. En el caso de HBO, la sede de la 'facturadora' es Suecia. ¿Y Amazon? El precio de la suscripción para Prime, que incluye su servicio de video pero que se centra principalmente en las entregas de pedidos en la tienda online, es abonado a una sucursal española de la matriz en Luxemburgo. Las españolas Filmin y Rakuten TV prestan el servicio (y cobran) desde España.

Uno de los motivos para crear una estructura así es la reducción de impuestos. Como sucede con gigantes como Google o Facebook, las sociedades locales hacen las veces de promotoras y auxiliares de estas matrices en Holanda o Suecia, a las que factura servicios de publicidad y soporte. Por ejemplo, Netflix pagó apenas 3.146 euros de Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2018 con las dos filiales con las que opera en España. ¿Y HBO? Abonó sólo 170.000 euros de tributo en tres años con unos ingresos de 3,4 millones de euros.

Hay otro efecto claro que acarrea esta estructura: esquivan la transparencia que sí deben tener otras compañías del sector. Según la actual ley audiovisual, todas las plataformas que facturan desde España a sus clientes deben rendir cuentas periódicamente de sus suscriptores a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para llevar a cabo su aportación al cine español y europeo en base a su facturación real. Ni Netflix, ni HBO lo hacen, pues el negocio se traslada a otro país. Disney tampoco tendrá obligación. Al menos de momento, pues el objetivo del Gobierno es incluirla en el retoque que se hará a la norma en este año 2020 para transponer de la directiva aprobada a finales de 2018.

Junto a la presentación de quién es el prestador de servicios, la compañía también anuncia en el contrato de su web otras condiciones que los clientes españoles firmarán. Una es muy similar al de otras plataformas: podrá haber subidas de precios sobre la tarifa actual (de 6,99 euros, la más barata entre las grandes compañías del sector), pero tendrán que ser avisadas con al menos treinta días de antelación. La otra es que podrá compartir, en caso de que el usuario acepte, los datos de pago con el resto de compañías "de la familia de empresas de Walt Disney por ejemplo ESPN, Marvel, Pixar, etc.".

Al margen de Disney+, ¿cómo opera el gigante audiovisual en España? Cuenta con dos filiales. Por un lado se encuentra la principal: The Walt Disney Company Iberia, que es la que explota todo el negocio audiovisual de distribución de películas y de explotación de canales de televisión. La otra es The Disney Store Spain, que es la encargada de la venta de todos los productos de 'merchandising' de la cadena en las diferentes tiendas oficiales repartidas por las principales ciudades españolas.

Tanto una como otra tienen una actividad comercial significativa con otras las empresas del grupo, tanto en el lado de los ingresos como de los gastos. La Agencia Tributaria abrió durante el año 2017 una inspección a la principal filial que acabó un año más tarde en cinco actas firmadas de conformidad.  De ellas, dos tuvieron importes significativos. La compañía pagó 5,5 millones de euros por Impuestos sobre la Renta de No Residentes -incluidos los intereses de demora- y recibió 2,5 millones de euros en Impuesto de Sociedades.