La solución dada por el Estado a las crisis de Bankia y el Popular fue diferente. En el banco dirigido por Rodrigo Rato, fueron todos los contribuyentes españoles los que cargaron con la factura del rescate mientras que en el de Emilio Saracho, los perjudicados fueron únicamente los accionistas y bonistas de la entidad. Sin embargo, la investigación judicial de ambos asuntos guarda importantes paralelismos. En el caso abierto ayer en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Andreu, el parecer de dos inspectores del Banco de España será clave para su resolución, al igual que en el caso Bankia.
Entre los cuatro autos de admisión a trámite acordados ayer por el juez, Andreu reclama al supervisor que designe dos funcionarios con categoría de inspector para que realicen el informe sobre la ampliación de capital de 2.505 millones aprobada por el banco en junio de 2016. Esos dos cargos del BdE actuarán únicamente a las órdenes del juzgado y fuera de la jerarquía del banco central. La medida, idéntica a la adoptada por el juez en el caso Bankia, causó importantes conflictos con la dirección del BdE que se manifestó públicamente en contra de sus conclusiones.
Ese informe deberá determinar si el folleto y la documentación con la que se asentó la ampliación de capital reflejaba la imagen fiel de la entidad y si esta "estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación". También tendrá que analizar las cuentas oficiales del Popular de 2016 -anuales, trimestrales y semestrales- así como los informes intermedios y los ajustes que en ellas se realizaron el 3 de abril de 2017 -el hecho relevante que alertó sobre la insuficiencia de algunas provisiones-.
Por último, les pide que informen también sobre si los precios por la venta de sociedades participadas del banco así como sus participaciones accionariales en otras entidades que tenía el Popular en 2016 y 2017 "se ajustaron o aproximaron a los valores contables de las mismas". Es decir, Andreu encarga a estos peritos una radiografía judicial de la situación del banco en los meses previos a su resolución por el Banco Central Europeo.
Toda la documentación
Al mismo tiempo, el juez requiere al Popular, al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) toda la documentación relativa al caso: actas de los consejos del banco, informes de auditoría, datos de retribuciones de sus directivos... Al Frob le pide todas las comunicaciones, informes y documentos que haya reclamado al Santander -que lo compró por un euro- sobre su saneamiento y reestructuración.
Cuando el juez haya recibido toda esa documentación, la trasladará previsiblemente a los peritos designados por el Banco de España para que redacten sus informes, al igual que en el caso Bankia. Lo mismo hará con toda probabilidad en un estadio posterior de la investigación para que informen sobre las versiones y los documentos que, en su caso, aporten los querellados. Así pues, la solución final del caso pivotará muy probablemente sobre sus pareceres.
Los demoledores informes de los dos peritos del BdE designados para el caso Bankia, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, concluyeron que esa entidad salió a Bolsa con cuentas falsas. También determinaron que la desastrosa situación económica en la que se encontraba el banco pudo ser detectada por el supervisor. Sus conclusiones, además, sirvieron de base para que la cúpula de supervisión del banco central español -el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entre otros- tuviera que declarar como investigada ante el juez que, finalmente, no los procesó.
Las similitudes entre ambos casos también se encuentran en las estrategias de los querellantes. Algunos de ellos ya anunciaron al presentar sus escritos al inicio del verano que la investigación penal debería servir para todas las reclamaciones civiles de accionistas perjudicados. En el caso Bankia, los reiterados fallos del Supremo a favor de compradores minoritarios de títulos precipitaron la decisión de la entidad de devolver a todos la inversión. Esa decisión le ha servido para que la Fiscalía Anticorrupción no la haya acusado en el juicio que se celebrará en los próximos meses.
Mientras no se produjo esa devolución a los inversores supuestamente estafados, el sumario del caso se envió desde la Audiencia Nacional a decenas de juzgados civiles de toda España en los que se estudiaban reclamaciones de particulares.
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