La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció el pasado miércoles una sanción de 91 millones de euros contra Santander, Caixabank, Banco Sabadell y BBVA por concertar las condiciones de sus derivados de tipos de interés, más conocidos por 'swaps'. Dos de esos polémicos productos, contratados por Acuamed con las dos primeras entidades en 2014 han generado un agujero de 64,4 millones de euros en las cuentas de la sociedad, según fuentes cercanas a la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Ambos swaps se adquirieron en 2014 para asegurar un tipo de interés fijo en un préstamo de 500 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Para el primer tramo del crédito, de 350 millones, esa entidad pública europea fijó un interés variable del Euribor a tres meses. Para el segundo, de 150 millones, el interés pactado fue el de ese mismo índice a seis meses. Para convertir esos intereses variables en fijos, contrató ambos productos. El del primer tramo, acordado con el Santander, se fijó en el 3%. En el del segundo, contratado con Caixabank, el interés fue del 3,2%.
La evolución del Euribor desde entonces ha convertido ambas operaciones en ruinosas para la empresa pública. El índice de referencia europeo en el momento en que se contrataron ambos swaps ya tenía una tendencia bajista y solo dos años después, en 2016 entró en valores negativos, en los que se mantiene desde entonces. Eso es lo que ha provocado que los swaps, en lugar de haber permitido que Acuamed se asegurara un interés asequible, hayan generado deuda. Es la empresa pública la que debe pagar a Santander y Caixabank la diferencia entre el interés del préstamo del BEI y el 3% y el 3,2% pactado en esos productos y no al revés.
Una deuda 'in crescendo'
El agujero ha ido creciendo desde 2014 tal y como se refleja en las cuentas públicas de la entidad desde ese año. Mientras que en ese ejercicio se contabilizan en 45 millones de euros, al siguiente pasaron a 48. En las cuentas de 2016, las últimas publicadas, el agujero causado por los swaps asciende a 64,4 millones. La contabilidad oficial de 2017 todavía no se ha publicado, aunque los expertos consultados creen que la cifra seguirá subiendo y deberá ser abonada con dinero público. El vencimiento de ambos productos está fijado para 2022 y 2023, respectivamente.
La contratación de ambos swaps fue defendida por el expresidente de la empresa pública, el ex secretario de Estado de Medio Ambiente y ex subsecretario general de Presidencia Federico Ramos de Armas en el consejo de administración de Acuamed celebrado el 23 de enero de 2014. Ramos de Armas se vio obligado a dimitir por su inicial implicación en el caso Acuamed, que se investiga en la Audiencia Nacional, y en el que, finalmente fue desimputado por el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco.
El Ministerio de Agricultura, del que depende Acuamed, rechazó explicar las razones que llevaron a la empresa pública a aprobar esa operación tan perjudicial para ella. Otras fuentes consultadas aseguran que los gestores de la compañía encargada de planificar infraestructuras de agua pudieron haber sido víctimas de una práctica abusiva por parte de los bancos con los que contrataron.
Competencia sancionó el miércoles con un total de 91 millones de euros a
Santander, Sabadell, BBVA y Caixabank por ofrecer swaps de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con sus clientes, en las que se especificaba que se contratarían en "condiciones de mercado". Las multas más elevadas fueron las impuestas, precisamente, a las dos entidades con las que contrató Acuamed: Caixabank (31,8 millones) y Santander (23,9 millones).
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