La esperada declaración del presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, ante el juez García Castellón no sólo va a ser el encuentro entre uno de los empresarios más emblemáticos de este país y el juez que lleva la instrucción de la macrocausa más polémica en décadas. La investigación del caso Villarejo va suponer además el reencuentro del magistrado de la Audiencia Nacional con uno de los abogados que más le han complicado la vida (profesional) en los últimos años. Carlos Domínguez, el experto penalista que defiende a Galán desde el pasado mes de junio, es además el letrado que recusó a García Castellón y lo llevó incluso hasta el Supremo por supuesta prevaricación en el caso Villar Mir sobre la adjudicación a OHL del Tranvía de Navalcarnero, por entender que había actuado mal al autorizar unas escuchas.
Evidentemente, nada tiene que ver ahora esa vieja rencilla con el caso Villarejo y Sánchez Galán, y no existe ningún tipo de duda sobre la ecuanimidad de un juez que lleva una de las instrucciones más amplias y complejas del escenario judicial español. Pero fuentes jurídicas conocedoras de la situación aseguran que no hay que desdeñar en la declaración del empresario la impronta que Domínguez ha puesto en el caso. Llama la atención entre los grandes profesionales del derecho de los negocios como al día siguiente de la imputación de Galán, en junio pasado, la compañía envió un hecho relevante a la CNMV con la disposición del presidente y toda su cúpula a declarar ante el juez para aclarar cualquier sospecha de su actuación en las contrataciones del comisario. Esa predisposición se truncó con la llegada de Domínguez, que optó por una defensa más intensa, con la petición de una batería de nulidades de las actuaciones del juez y atacar así una investigación que consideraban fuera de lugar.
Desde el ámbito judicial se ha advertido en varias ocasiones que toda la actividad procesal que generó la petición de la nulidad de actuaciones y los constantes escritos al juez para que entendiera que tanto Galán como su empresa eran parte perjudicada en este proceso, frenaron en gran medida una declaración que estaba prevista para mucho antes, prácticamente para después de las que hicieron los presidentes de Repsol y la Fundación Caixa, que sirvió para promover su desimputación. El parón del verano, los trámites procesales y un inoportuno problema de salud de García Castellón han llevado esa comparecencia hasta este martes, ya en enero de 2022, para que el empresario, que quería hablar en junio pasado, pueda ahora dejare claro que no tuvo relación directa alguna con la contratación de la empresa del policía.
No hubo "retardo malicioso"
El enfrentamiento legal entre Domínguez y García Castellón se produjo hace ya más de tres años, cuando los defensores de Villar Mir entendieron que se había vulnerado el derecho de defensa de sus clientes (artículo 24 de la Constitución) por autorizar unas escuchas sobre ellos en las que se reflejaron, de forma casual, algunas conversaciones entre los abogados y sus defendidos, algo que está especialmente protegido por la ley. El Supremo no tuvo ninguna duda en eximir a García Castellón de cualquier responsabilidad dado que esas conversaciones entraron de forma “accidental” en las grabaciones y todo se hizo con el correspondiente soporte legal y de forma justificada.
"La observación de las conversaciones mantenidas entre los investigados y sus abogados defensores, así como la final destrucción de las conversaciones ajenas al esclarecimiento de los hechos investigados, no sólo no pueden sustentar la transgresión jurídica que se denuncia (...) sino que tampoco permite sustentar la existencia de un delito de retardo malicioso en la administración de justicia", señaló el Alto Tribunal tras un periplo que nunca es plato de buen gusto para un juez.
El asesoramiento que el ahora socio director del bufete Business & Law hizo al expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, también estuvo bien instrumentado, sobre todo porque logró sacar al empresario de todo el proceso de investigación de los casos Púnica y Lezo a finales de 2020, desimputado por el propio García Castellón (y por la Sala de lo Penal), por entender que “los hechos a ellos imputados no se han visto por el momento corroborados, por lo que no han alcanzado la categoría de indicio, quedándose en meras sospechas o conjeturas no confirmadas".
Eso es precisamente lo que los letrados de Galán quieren demostrar en la declaración de este martes, que todas las acusaciones que pesan sobre el empresario por un supuesto cohecho activo, delitos contra la intimidad y falsedad de documento son meras conjeturas sobre las que su actuación, como presidente de la compañía, no tuvo nada que ver.
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