Demanda contra el Banco de España

Los dueños de Banco Madrid exigen 250 millones por los daños de la liquidación

Vinculan la intervención con las presiones que la llamada "policía patriótica" habría ejercido sobre ellos para que aportaran datos bancarios del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y su familia, entre otros.

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EFE

Los dueños de Banco Madrid, entre ellos los hermanos Higini y Ramón Cierco, han presentado una demanda contra el Banco de España en la que reclaman una indemnización de 250 millones de euros por los presuntos "daños y perjuicios" que causaron la intervención y la liquidación de la entidad, en 2015. Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, los propietarios de la filial española de la Banca Privada d'Andorra (BPA) vinculan la intervención con las presiones que la llamada "policía patriótica" habría ejercido sobre ellos para que aportaran datos bancarios del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, y su familia, entre otros.

Detrás de esta "policía patriótica" se encuentra la supuesta trama que afecta a la cúpula policial de la época de Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior del Gobierno del PP, y que investiga la Audiencia Nacional.

Con su demanda, los Cierco vuelven a incidir en las posibles irregularidades que acompañaron a la intervención de Banco Madrid, las cuales ya denunciaron en 2017. En aquella ocasión, solicitaron a la Fiscalía General del Estado que abriera una investigación por si hubo un "complot" para "castigar" a la entidad ante la creencia de que ellos "ocultaban información de la familia Pujol".

Ahora, tal como ha avanzado el diario 'El País', sostienen que la intervención se produjo a pesar de que la liquidez y la solvencia de Banco Madrid era "muy superior a los mínimos legalmente exigidos". Sin embargo, aunque el Banco de España habría podido optar por medidas menos lesivas, finalmente apostó por la intervención, lo que conllevó un "pánico bancario" creado de forma artificial por el organismo, que acabó con la entidad.

Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2015, cuando el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), regulador financiero del país, intervino BPA -que poseía el 100 % de Banco Madrid-, al que se investigaba en Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado. Al día siguiente, el Banco de España designaba a un equipo de interventores para gestionar Banco Madrid, y la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, denunciaba días después a la entidad ante la Fiscalía tras detectar operaciones irregulares que podrían apuntar al blanqueo.

Archivado por falta de pruebas

En enero de 2019, un juzgado de Madrid archivó la querella de dos sociedades contra el Consejo de Administración de Banco Madrid, liderado por los Cierco, al no apreciar "indicios suficientes" de blanqueo. En su auto, el magistrado aseguraba que no había pruebas de que éstos crearan una estructura destinada a "permitir o facilitar operaciones de blanqueo", ni que "de manera premeditada, consciente, decidieran que el sistema de control fuera permeable y fácilmente sorteable".

De hecho, recordaba que el propio informe pericial realizado por un experto del Sepblac concluyó que la entidad "tenía procedimientos de control y prevención" que, "aunque con deficiencias", fueron posteriormente incrementado por la nueva dirección. El relato señalaba además la "importancia" de que la vía mercantil declarara el concurso del banco como fortuito en una sentencia que no consideró probado que los investigados "hubiesen cometido, por acción u omisión", delito de blanqueo alguno.

Una falta de indicios concluyentes que tampoco pudo evitar la Fiscalía a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una investigación que fue iniciada antes de que se abriera el propio procedimiento judicial y que, sentenció el juez, hasta entonces no había dado "ningún fruto".

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