Buenas noticias para Duro Felguera en medio de la tormenta vivida en las últimas semanas previas a la presentación de resultados. El grupo asturiano ha ganado el pulso que mantenía a través de su división ferroviaria con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia desde hace más de cinco años, tras la acusación de pertenecer a un cártel con otras empresas para aprovecharse de algunos concursos de suministros organizados por Adif. El grupo presidido por Jaime Argüelles acaba de ver cómo el Supremo anula de manera definitiva una multa de 1,7 millones de euros.
La decisión la ha tomado la Sala de lo Contencioso-Administrativo, después de haber recibido el último recurso de casación de Competencia, que ha tratado de darle la vuelta al proceso después de que saltara de la vía administrativa a la judicial. En la primera fase fue la CNMC quien dictó que la compañía asturiana, a través de su filial Duro Felguera Rail, había cometido una infracción única y continuada de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El proceso se ha extendido durante cinco años, lo que ha dado lugar a muchos cambios, principalmente a que desde el inicio del pulso hasta hoy Duro Felguera Rail haya cambiado de manos. Duro Felguera Rail comunicó en 2016 que discrepaba de la resolución y estudiaba poner el asunto en manos de la justicia, pero el resultado final lo ha recibido bajo la propiedad de Talleres Alegría. El nuevo dueño pasó en 2018 a tener el 80% de esta filial del grupo asturiano y más tarde se hizo con el porcentaje restante. La compañía eliminó el nombre de Duro Felguera en octubre de 2020 y pasó a llamarse Mieres Rail, que sigue trabajando para Adif con normalidad.
Las acusaciones
Las prácticas que desataron la polémica, según Competencia, pasaban por repartirse el mercado junto a otras empresas y fijar de precios, así como otras condiciones comerciales, "que respondían a una estrategia global que tenía por objeto eliminar la competencia en las licitaciones de desvíos ferroviarios", como se explicó en un comunicado. Este modus operandi estuvo vigente durante 15 años, desde julio de 1999 hasta octubre de 2014. En este marco temporal los damnificados fueron tanto el gestor ferroviario Adif como su antecesor, el GIF (Gestor de Infraestructuras Ferroviarias).
Seis años después, sin embargo, la justicia ha echado por tierra la batería de argumentos de la CNMC. El razonamiento de la justicia pasa por entender que la actuación de Duro Felguera Rail, y las otras tres compañías sancionadas por actuar principalmente bajo una Unión Temporal de Empresas (UTE) estaban justificadas, en contra de lo que entendía el superregulador, quien consideraba que podían licitar en solitario por su "elevado volumen de negocio y capacidad acreditada para operar".
Una de las pruebas que ha decantado la balanza a favor de la compañía fue el informe pericial de la consultora Global Economics, que medía la capacidad económica y productiva que tenía la filial de Duro Felguera para poder presentarse a las licitaciones de forma individual. Y en dicho trabajo se concluyó que la filial "no disponía de la capacidad productiva suficiente para abordar en solitario los cuatro proyectos de fabricación y provisión de aparatos de vía convencional licitados por ADIF entre 2007 y 2013".
El papel de la CNMC
El cerco de la CNMC no solo se extendió para la compañía Duro Felguera Rail. Competencia también cerró su expediente con sanciones paralelas a los directivos de las empresas participantes. En el caso de la empresa asturiana fueron tres ejecutivos sancionados, un tercio del total, con multas que oscilaban entre los 4.000 y los 5.000 euros. De acuerdo a las cifras disponibles, el superregulador sancionó a nueve directivos con multas de más de 66.000 euros en conjunto.
El resultado de esta última resolución, contra el que no cabe recurso alguno, pone de manifiesto nuevamente las dificultades de la CNMC para materializar sus actuaciones en materia de competencia. El último informe del Tribunal de Cuentas del pasado verano cifraba que Competencia tenía aún 1.287,7 millones de euros en sanciones recurridas judicialmente y, por tanto, pendientes de cobro. Una cifra que puede seguir invariable si finalmente se resuelve en el mismo sentido que la de Duro Felguera Rail y otras sancione a compañías como Repsol o Telefónica.
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