La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) apoyará a la empresa asturiana Duro Felguera a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Pero hacerlo, tras muchos meses de dudas en el seno de la compañía, ha levantado las suspicacias de la oposición a nivel político, pues temen que este rescate se entienda como el preludio de lo que puede suceder con el reparto de los fondos europeos -Next Generation EU- que tan en boca de todos ha estado en los últimos días. En este sentido, consideran que salvar a Duro Felguera puede ser el pistoletazo de salida para que lo que consideran la salvación de "empresas zombies", es decir, compañías que antes del Covid ya tenían problemas financieros, sea una constante.
Cabe recordar que la norma que regula este fondo señala que este tipo de ayuda se dedicará a empresas que "atraviesen dificultades derivadas de la pandemia del Covid-19". En concreto, la norma se refiere al Reglamento de la Comisión Europea 651/2014 para señalar que aquellas empresas consideradas 'en crisis' no podrán optar a las ayudas de este fondo. De acuerdo con dicha documentación, se considera una empresa en crisis a aquella que, entre otras cosas, durante los dos últimos ejercicios mantenga una ratio deuda/capital por encima de 7,5 y, al mismo tiempo, una ratio de cobertura de intereses, calculada sobre la base del Ebitda, por debajo de 1,0.
El caso de Duro Felguera está al límite. La empresa asturiana incumple el ratio de intereses tanto en el ejercicio de 2018 como en el de 2019 -últimos datos que ha presentado la compañía- y también la ratio deuda/capital del ejercicio 2019. Además, lleva años con las negociaciones para conseguir nuevos avales con la banca completamente paralizadas y así ha seguido hasta que ahora SEPI y entidades financieras se han puesto de acuerdo para ir hacia adelante. Pero los datos de su balance no han sido los únicos que han puesto a la industria en la cuerda floja de la SEPI y en el foco de la oposición parlamentaria al Gobierno. También se encuentra en el límite en lo que al pago de las obligaciones tributarias se refiere.
Cabe recordar que la compañía mantiene una deuda con Hacienda de 120 millones de euros que actualmente está suspendida por la Audiencia Nacional de forma cautelar hasta que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) tome una decisión definitiva. Por tanto, al no ser firme, esquiva otro de los puntos clave de la norma a la que está sometido el fondo al que Duro Felguera solicitó 120 millones de euros -100 millones iniciales y otros 20 millones más este mismo mes de enero-.
Tras muchas idas y venidas, con dudas incluso en el seno de la propia SEPI sobre la solicitud que se han demostrado con la tardanza en la decisión -casi han agotado el plazo máximo de seis meses que permite la norma-, la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda ha decidido ir adelante y prestarle su apoyo a la compañía bajo la promesa de que la banca hará lo propio en un plan completamente coordinado. A cambio, el Gobierno tendrá el poder de nombrar a un consejero y al consejero delegado en la compañía asturiana, lo que supondría la salida del actual primer espada, José María Orihuela.
Las raíces del PSOE en Duro Felguera
Pero más allá del cumplimiento in extremis de las normas del fondo, este tema tiene, además, un importante trasfondo político. El actual consejo de Duro Felguera, que se modificará una vez que haga efectiva la entrada de la SEPI en el capital, incluye a dos exministros socialistas, Valeriano Gómez y Jordi Sevilla, ambos importantes figuras de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Este hecho, unido a los problemas de cumplimiento de las normas a nivel financiero y tributario, ha provocado recelo en el ala más conservadora del parlamento ante la idea de que se pueda utilizar el fondo de SEPI como un salvavidas de empresas zombis.
En concreto, fuentes parlamentarias señalan que el Partido Popular se ha puesto alerta y vigilará cada movimiento que se produzca en este sentido para tratar de que este apoyo a Duro Felguera no sea señal de una 'barra libre' de ayudas que pueda continuar con los fondos europeos. Los algo más de 140.000 millones que llegarán a España durante los próximos seis años deberían, de acuerdo con el mandato de la UE, dedicarse a mejorar el tejido productivo español con el foco puesto en la digitalización y las políticas medioambientales, pero las dudas ya planean sobre el dinero antes incluso de que cruce la frontera y los diferentes partidos políticos recelan de su uso.
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