Confían en que se aprobará en los próximos días

La banca exige a SEPI preferencia de pago en el rescate de Duro Felguera

El plazo para que el holding público decida sobre la solicitud de la ingeniería asturiana al fondo de rescate es de seis meses y termina el próximo 28 de febrero.

Duro Felguera
Duro Felguera
EUROPA PRESS

Sigue el tira y afloja entre la banca y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para rescatar a Duro Felguera. La ingeniería asturiana solicitó el pasado 28 de agosto el rescate del fondo de ayuda para empresas estratégicas que gestiona el holding público al tiempo que negociaba con la banca el apoyo económico que la empresa necesita para salir adelante. Ambas cosas deben ir de la mano para asegurar la supervivencia de la compañía, pero los intereses de una y otra parte no están perfectamente alineados y eso ha causado varios retrasos que están llevando la operación al borde del 'deadline' que rige la normativa del fondo -seis meses desde la formalización- y que termina a finales de este mes. 

Ahora, de acuerdo con fuentes financieras, el foco está puesto en los plazos de amortización y vencimiento de las deudas, un punto clave para firmar el apoyo definitivo a la empresa que encabezan José María Orihuela y Rosa Aza. En concreto, la banca habría pedido a SEPI que el vencimiento de su deuda fuese anterior a la que genere la propia entidad pública. De esta forma, en caso de problemas financieros en el futuro, la banca cobraría antes que el Estado. 

Cabe recordar que Duro Felguera solicitó al fondo que gestiona el holding publico un total de 120 millones de euros repartidos en varios instrumentos financieros. En primer lugar, un préstamo participativo por importe de 70 millones de euros, después un préstamo ordinario de 20 millones y, además, la entrada en el capital de SEPI a través de la suscripción de una ampliación de capital de 30 millones. En el lado de la banca, la asturiana ha solicitado la refinanciación de sus 85 millones de euros en deuda con un grupo de bancos que encabezan Santander y Bankia y en el que también están CaixaBank, BBVA y Sabadell. Adicionalmente, también necesita una línea de hasta 100 millones en avales con garantía de Cesce. 

Ambas partes -la pública y la privada- deben ser aprobadas, pues si una de las dos falla la supervivencia de la compañía estaría comprometida. La necesidad de encajar el puzle ha llevado a que en el seno de las negociaciones se respire positivismo con respecto a esta operación y ambas partes confíen en que saldrá adelante. Todo ello pese a que antes de la solicitud al fondo SEPI la compañía llevaba más de un año inmersa en negociaciones con la banca, que seguía enrocada en el 'no' a la hora de negociar la reestructuración y concederle los avales. 

Problemas pre-Covid

Pero pese a que todas las partes implicadas señalan que la operación saldrá adelante, en la oposición a nivel político este gesto para con Duro Felguera levanta suspicacias desde hace semanas. En concreto, consideran que puede ser el pistoletazo de salida para la salvación de "empresas zombies", es decir, aquellas que ya tenían problemas antes de la Covid. El reglamento del fondo de rescate exige que la ayuda se dedique a empresas que "atraviesen dificultades derivadas de la pandemia del Covid-19", pero no que arrastren problemas anteriores. 

En concreto, la norma del fondo SEPI se refiere al Reglamento de la Comisión Europea 651/2014 para señalar que aquellas empresas consideradas 'en crisis' no podrán optar a las ayudas de este fondo. De acuerdo con dicha documentación, se considera una empresa en crisis a aquella que, entre otras cosas, durante los dos últimos ejercicios mantenga una ratio deuda/capital por encima de 7,5 y, al mismo tiempo, una ratio de cobertura de intereses, calculada sobre la base del Ebitda, por debajo de 1,0. La empresa asturiana incumple el ratio de intereses tanto en el ejercicio de 2018 como en el de 2019 y también la ratio deuda/capital del ejercicio 2019, pero no la de 2018.

También se encuentra en el límite en lo que al pago de las obligaciones tributarias se refiere, pues la norma exige que esté al corriente de pago de dichos impuestos. La compañía mantiene una deuda con Hacienda de 120 millones de euros que actualmente está suspendida por la Audiencia Nacional de forma cautelar hasta que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) tome una decisión definitiva. Si finalmente se aprueba la ayuda del fondo de SEPI, el Gobierno tendrá el poder de nombrar a un consejero y al consejero delegado en la compañía asturiana, lo que supondría la salida del actual primer espada, José María Orihuela.

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