El Ministerio de Economía y Empresa ha decidido acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa antes que facilitar al millonario chileno Andrónico Luksic -uno de los accionistas más afectados por la resolución del Banco Popular- los informes técnicos de los actuarios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que sustentaron la sanción que el organismo impuso a PWC hace algo más de un año por las debilidades detectadas en la auditoría que esta firma realizó sobre las cuentas del Banco Popular correspondientes al ejercicio del año 2012.
El Consejo de Transparencia resolvió el pasado mes de junio de manera favorable la solicitud de Aeris Invest, la sociedad de inversión de la familia Luksic, para tener acceso sin restricciones a los informes internos que sustentaron la multa impuesta a PwC por infracciones en los trabajos de auditoría sobre las cuentas anuales individuales del ejercicio 2012 de Banco Popular y las cuentas anuales consolidadas del mismo año del Grupo Banco Popular. En concreto, la familia Luksic solicitaba acceder al texto completo de la resolución sancionadora firmada en 2016 por la entonces presidenta del ICAC y actual vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez Pina, ya que la actuación administrativa de 2018 que dio firmeza a esa resolución inicial e hizo públicas las sanciones por infracciones graves impuestas a PwC solo transcribe el fallo "faltando la exposición de hechos y los fundamentos de derecho".
También solicitaban el texto completo de la propuesta de sanción elevada a la Presidencia por los técnicos actuarios del ICAC en la que, según la solicitud de los Luksic, "se fijan de forma motivada los hechos que se consideran probados y su exacta calificación jurídica, se determinan las infracciones que aquéllos constituyen y las sanciones que se proponen, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyen los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado". Estos informes técnicos no son vinculantes y su valor es que orientan la decisión de la Presidencia del ICAC, que es quien en última instancia determina la sanción definitiva que se impone.
Según fuentes jurídicas esos informes técnicos son clave para la causa del Popular. Entienden que permitirían discernir no solo el detalle de los motivos que llevaron al ICAC a sancionar a PwC, sino lo que es aún más relevante la profundidad de la información de la que disponía el Gobierno, a través del ICAC y por tanto del Ministerio de Economía, sobre la situación contable del Banco Popular ya en el año 2012, cinco años antes de la controvertida resolución de la entidad y su traspaso al Santander por el precio simbólico de un euro.
Bajo ese mismo prisma, también son clave para sostener las aspiraciones judiciales de la familia Luksic, que perdió la práctica totalidad del 3,5% del capital que poseía en la entidad por la reducción a cero del valor de sus acciones y que ahora reclama al Santander en los tribunales la restitución de los 113 millones de euros que invirtió en la entidad.
Economía cree que se trata de información confidencial
El asunto es que tanto la CNMV -a la que también se ha exigido información sobre el expediente a través de Transparencia- como el ICAC (Ministerio de Economía) entienden que la información adicional solicitada por Aeris Invest tiene carácter de 'confidencial', no aporta valor añadido -ya que la resolución sancionadora que sustanció el asunto es público y se difundió a través del BOE- y su divulgación podría "perjudicar los intereses de las personas físicas o jurídicas que hayan facilitado la información o el correcto funcionamiento del sistema de control", citando una sentencia reciente sobre el asunto.
Con esa argumentación rechazaron en su día la solicitud de la famila Luksic y con esa argumentación se ha ido el Ministerio de Economía al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid para impugnar la resolución de Transparencia que obligaba al ICAC a hacer pública la información solicitada por la familia Luksic.
La maniobra de Economía tiene la virtualidad para sus intereses de detener la aplicación de la resolución de Transparencia, ya que obliga a suspender su aplicación en tanto no se resuelva la denuncia interpuesta en la jurisdicción económico-administrativa. Transparencia, no obstante, se reafirma "en los argumentos y conclusiones" que le llevaron hace ahora cuatro meses a decretar la publicación y entrega de la información adicional sobre el expediente del ICAC a PwC a cuenta de la auditoría del ejercicio contable de 2012 del Banco Popular.
Las actuaciones que han dado lugar a este embrollo judicial resolvieron en su día que PwC y su socio auditor José María Sanz Olmeda habían sido corresponsables de dos infracciones graves por los informes de auditoría emitidos sobre las cuentas individuales del Banco Popular y también las del Grupo Banco Popular del año 2012, por las que se impuso a la firma sendas multas de 119.908 euros y 149.885 euros, y al auditor de 3.200 y 3.400 euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios