La simple preparación del plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española está requiriendo el despliegue de toda una maquinaria legal y burocrática. De cara a agilizar en la medida de lo posible la ejecución de los fondos Next Generation y eliminar los conocidos como 'cuellos de botella' de la administración, hace unas semanas el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tramitó por la vía de urgencia la contratación de los servicios de Uría Menéndez como apoyo jurídico en la gestión del maná europeo. Decisión que acaba de ser ratificada tras ser desestimado el recurso planteado por PwC Tax & Legal.
El área legal de la big four movió ficha después de que la mesa de contratación decidiera excluirlo del procedimiento por entender que su oferta "no sólo no se ajusta a las exigencias del pliego, sino que es incongruente con las necesidades derivadas del servicio". En su escrito de formalización del recurso, la firma reclamaba la impugnación del acuerdo de adjudicación por haber sido la licitadora que presentó la mejor oferta económica.
De acuerdo con la documentación consultada, Uría planteó unos honorarios de 499.995 euros por la realización de este servicio de asesoramiento legal, frente a los 476.100 euros de PwC. Pese a la reducida diferencia entre ambas ofertas, PwC manifestó que su propuesta técnica no se podía tomar como una memoria vinculante del desarrollo de los trabajos y del reparto de los tiempos, "en la medida en que los pliegos no le atribuyen esta condición". Más adelante, sostiene que parece censurarse la presentación de un precio muy reducido para ciertos trabajos.
Uría prestará apoyo jurídico para acelerar la transformación digital nacional
Frente a estos argumentos, el órgano de contratación de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España) -encargado de la licitación- se opone a las tesis anulatorias sostenidas por PwC exponiendo, en primer lugar, que su oferta "no puede presumirse la mejor porque no se ha podido valorar en su integridad" por la inexistencia de un reparto lineal del precio. Por tanto, califica de "incierta" la afirmación de que hubiera resultado la propuesta ganadora.
Una vez tumbado su recurso en la vía administrativa, desde PwC han descartado ir por lo contencioso-administrativo, dejando vía libre a Uría Menéndez en su papel de gestor legal. Así pues, percibirá alrededor de 605.000 euros por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a cambio de prestar un apoyo que garantice la creación de un entorno jurídico y administrativo favorable en la colaboración público-privada.
Dentro del ámbito de actuación ministerial, se apuesta por acelerar la transformación digital en todo el territorio nacional e implementar el plan “España, Hub Audiovisual”. En este sentido, Uría pondrá la capacidad técnica de su equipo de profesionales para asesorar en la elaboración de manuales de procedimiento jurídicos, orientaciones o guías jurídicas. Asimismo, elaborará informes jurídicos que se soliciten desde Bruselas, o directamente de justificación ante los organismos de control.
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