La reforma de los supervisores que el Gobierno quiere meter en su agenda del cambio va a dejar sin concretar la reestructuración de la Dirección General de Seguros, el órgano que ahora se encarga de la regulación y vigilancia de un sector fundamental en el ámbito financiero español. Ni el modelo ‘twin peaks’, que pretende repartir sus funciones en los otros dos supervisores independientes (Banco de España y CNMV), ni un cambio más cercano a la UE, con un supervisor propio para el sector. Fuentes cercanas al área económica del Ejecutivo confirman que se va a aprobar cuanto antes (en el BOE de marzo) la nueva Ley de distribución de Seguros, pero se ha aparcado el cambio en el modelo de supervisión y regulación al menos hasta final de año, que sustituirán con la elaboración de un ‘libro blanco’ sobre el sector seguros.
La falta de consenso sobre el camino a seguir para reformar la Dirección General de Seguros, de forma que el control de ese sector deje de depender de un mero departamento del Ministerio de Economía y pase a tener más medios e independencia del Ejecutivo de turno, no permite por el momento garantizar que se pueda llevar a cabo esta medida antes de finales de año. A la vista de que ese aplazamiento lleva a un periodo comprometido, dado que se entraría en el entorno que se maneja para unas posibles elecciones generales, los responsables del área económica han preferido paralizar el proceso y optar por lanzar solo un libro blanco, que permita hacer cambios a futuro con más solidez, aseguran las fuentes consultadas.
Tanto en el entorno de las empresas de seguros como en los diferentes gobiernos se lleva hablando de la reforma del actual órgano de regulación y supervisión más de diez años, al hilo de las peticiones que para ello han hecho varios organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por un lado, hay consenso en que es necesario sustituir la dirección general, pero por otro “no se quiere perder del todo el control de la supervisión”, algo que ocurriría tanto si se opta por repartirla entre Banco de España y CNMV, como si se crea una agencia propia. “La cuestión es que el sector de los seguros nunca produce roces en la política -aseguran desde una empresa aseguradora-, con lo que no se considera urgente poner orden”.
Cuestión de competitividad
Frente a ello, desde el sector privado siempre se ha advertido del tremendo retraso que lleva España en este cometido, dado que tanto la UE como sus principales socios ya han optado por tener organismos independientes para supervisar y regular el funcionamiento de los seguros y los reaseguros. El modelo por el que se ha decantado Bruselas es el mismo que se propuso en el final de la legislatura de Mariano Rajoy, hace apenas un año, que planteaba crear una agencia independiente de supervisión de todas las conductas y estrategias de las empresas aseguradoras, para dar seguridad y cobertura a los consumidores a la hora de contratar con estas entidades.
Las empresas del sector estaban entonces (y están ahora) dispuestas a sufragar los costes que suponga la puesta en marcha de esa nueva agencia, con técnicos y profesionales independientes que le den valor añadido a su trabajo y avalen el trabajo y la situación estructural de las compañías. Así, además, quedaría una entidad para supervisar al sector financiero (Banco de España), otra para los mercados (CNMV) y otra para los seguros, como recomienda la UE.
Frente a ello y en época del Gobierno de Rodríguez Zapatero se rescató la idea del ‘twin peaks’, para dejar la regulación y normativa en manos del Ejecutivo y repartir entre el supervisor bancario y la CNMV el control de las conductas y de los servicios, respectivamente, del negocio asegurador. Pero esa opción, que han puesto en marcha algunos países europeos, nunca se plasmó en una propuesta concreta en España. Salió a la palestra de nuevo en la comisión de investigación del caso Bankia, pero nada más.
Este retraso en la reforma del sector no ha caído bien en las principales empresas de seguros, preocupadas por las nuevas condiciones de solvencia que les impone la regulación europea (Solvencia II). La normativa obliga a ponderar cada posición de riesgo de las compañías, y eso se puede hacer bajo fórmulas genéricas o adaptándolo todo a unas normas propias en nuestro mercado, que necesitarían una supervisión independiente para tener la validez suficiente. “No tener ese modelo nos resta competitividad frente a otros competidores internacionales que sí lo tienen y pueden aportar una imagen de solidez y confianza al mercado con más facilidad”, aseguran desde otra gran compañía del sector.
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