Los números no van bien en el delicado entramado eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMVC) toma la temperatura del sistema 14 veces al año y ha detectado fiebre. En el penúltimo control sobre el ejercicio 2019, la CNMC descubrió un desfase entre ingresos y gastos en el sistema eléctrico de 1.747 millones, el triple que en 2018. No es una cifra definitiva. El sistema trabaja como una cremallera y lo habitual es que los desajustes se cierren progresivamente. Lo malo es que el último control, previsto para abril, apunta a un cierre de ejercicio con un agujero final de 600 millones, lo que obligará a ajustar la parte fija del recibo de la luz (peajes y cargos) para evitar males mayores, según explican fuentes conocedoras de las liquidaciones de la CNMC.
El fantasma del déficit tarifario reaparece. Y lo hace básicamente por dos razones: la evolución a la baja de la demanda y la caída de los precios de la electricidad. El año pasado -el que está bajo la lupa- asumió durante tres meses el impacto de la suspensión del impuesto del 7% a la generación, descensos en los ingresos por peajes debido a la menor demanda y también menos recaudación por los impuestos al CO2 -hay 1.000 millones pendientes de ingreso por Hacienda-.
Los mordiscos a los ingresos adelantan un panorama complicado para cumplir con lo previsto en la Ley Eléctrica del año 2013: ingresos y gastos tienen que cuadrar. El Real Decreto 15/2018 de medidas urgentes en el sector eléctrico autorizó a cubrir los posibles agujeros de 2018 y de 2019 recurriendo al superávit del sistema en ese momento -1.687 millones en cinco años-, pero la cremallera no acaba de cerrar.
Problemas de tesorería
La Orden Ministerial de peajes de 2018, prorrogada en 2019, preveía un déficit a cubrir de en torno a 350 millones. Pero la última liquidación apunta a un desfase de al menos 600 millones. Pinta oscuro y la situación está provocando problemas de tesorería al sector de las renovables, según confirman fuentes del sector. Arreglar la situación exigirá un ajuste fino y, al fin, retocar los peajes y cargos que pesan sobre la factura eléctrica. El Gobierno ha aprobado una norma -parámetros de retribución renovables-que recorta las retribuciones al sector en 921 millones en 2020, 817 millones en 2021 y 690 millones en 2022. Un apaño que ayuda al ajuste de ingresos y gastos. ¿Suficiente? Dependerá de cómo evolucione la demanda.
La posibilidad de que el déficit se descontrole despierta una preocupación lógica porque el sistema todavía arrastra una deuda acumulada de 18.000 millones. El Ministerio de Transición Ecológica sigue también de cerca el pulso, aunque siempre ha asegurado que el desajuste es coyuntural y se verá solucionado en el año 2020 con el cambio en la metodología establecido para calcular los ingresos y los costes del sistema.
La situación de incertidumbre general puede agitar más la estabilidad del sistema. Las circunstancias no son las mismas, pero con la debida distancia, nadie quiere que se reproduzca el problema que comenzó en 1997, cuando el Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato como responsable de Economía, aprobó por ley que la tarifa eléctrica nunca subiera más que el índice de precios (IPC). Se congelaba el precio de la electricidad, pero a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en el futuro. Todo acabó en un pantano de deuda que los usuarios todavía pagan en el recibo.
En 2012 el déficit de tarifa llegó a superar los 30.000 millones de euros, y eso fue lo que llevó al Gobierno, entonces en manos de Mariano Rajoy, a crear el impuesto a la generación eléctrica para atajarlo y a impulsar una nueva ley que acabase con la situación. En la actualidad el déficit de tarifa se sitúa en 18.000 millones. El pantano no estará seco, en el mejor de los casos, hasta dentro de diez años.
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