El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el primer banco del mundo en capitalización y depósitos, imputado en la Audiencia Nacional por permitir el blanqueo de capitales de al menos tres organizaciones mafiosas chinas, envió un informe al Sepblac (el servicio ejecutivo antiblanqueo español) en el que acusa a Caixabank, su banco corresponsal en España, de evitar la denuncia de las operaciones sospechosas de esos grupos criminales. Según la investigación del juez Ismael Moreno, la entidad catalana transfirió a China solo en 2012 un total de 188 millones de euros, parte de los cuales procedían de los grupos desarticulados en las operaciones Emperador y Snake. Caixabank niega la mayor y asegura que esas acusaciones del ICBC solo son una estrategia para desviar su responsabilidad.
La sucursal en España del ICBC actuó durante años como un banco cuyo modelo de negocio, según Anticorrupción, se basaba en el blanqueo de capitales. Sus clientes, muchos de ellos integrados en esas organizaciones mafiosas, conseguían enviar enormes cantidades de dinero B -procedente en su mayoría del fraude fiscal en mercancías importadas masivamente de China- sin que su personal hiciera preguntas y sin que se reportaran esas operaciones al Sepblac, el organismo de inteligencia financiera española encargado de detectar las actividades de lavado de fondos.
Según la investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esa operativa cambió radicalmente a finales de 2012, cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu desarticuló la organización Emperador, liderada por Gao Ping, y detuvo a 80 personas implicadas en un masivo fraude fiscal relacionado con la importación de de mercancías chinas para los miles de bazares regentados por ciudadanos de ese país que pueblan toda España.
A partir de ese momento, esos grupos mafiosos dejaron de utilizar el ICBC para actuar a través de Caixabank, con el que el banco chino había firmado un contrato de corresponsalía. De esa manera, sus integrantes pudieron realizar los envíos desde cualquier sucursal del banco español como lo habían hecho anteriormente con el ICBC. Solo una de esas organizaciones criminales, la denominada Snake, consiguió transferir 60,1 millones entre 2011 y 2014. "Pese al elevado número de importes transferidos a China y de ser órdenes de pago en los que constan los datos de las operaciones vinculadas, no se generó ni se comunicó ninguna operación sospechosa", escribió el juez Moreno en un auto el pasado 6 de septiembre.
El magistrado culpaba en su resolución al ICBC de omitir "realizar comprobaciones sobre los clientes emisores", es decir, los grupos mafiosos. Pero el gigante bancario chino asegura que esos controles antiblanqueo correspondían a Caixabank, según el contrato de corresponsalía firmado por ambas entidades. Así que, si se incumplieron sus cláusulas, la responsabilidad correspondería al banco catalán.
Un informe enviado al Sepblac el 4 de abril de 2013 (Informe de análisis de distancia al standard) por el jefe de cumplimiento normativo y representante ante el organismo antiblanqueo español del ICBC recoge, entre los "riesgos operativos y de control interno" del banco chino, el "elevado número de operaciones de transferencias emitidas en las relaciones de corresponsalía con La Caixa", es decir, con Caixabank.
Pero, a continuación, ese documento explica que "la responsabilidad de la prevención [contra el blanqueo] recae sobre La Caixa de acuerdo con el contrato firmado". Y después añade: "En los casos en los que la sucursal [de ICBC en España] detecta alguna alerta, verifica si la misma pudiera ser un falso positivo y en cualquier caso contacta con La Caixa para solicitar las explicaciones o las justificaciones que procedan". El informe, aun habiendo sido redactado por el propio banco chino, reconoce infinidad de deficiencias internas en el control de la legalidad de los fondos de sus clientes.
"Estrategia procesal para evitar responsabilidad"
Fuentes de Caixabank señalan que, en las relaciones de corresponsalía, "cada banco asume de forma individual todas las obligaciones que la normativa les impone a cada uno de ellos, incluidas las de prevención del blanqueo de capitales", sin que el acuerdo entre entidades "suponga un traslado de obligaciones y responsabilidades entre los bancos intervinientes". Esas mismas fuentes añaden que en el caso del ICBC "no existe una asunción de sus obligaciones". ICBC, afirman, "debe cumplir sus obligaciones antiblanqueo al tratarse de un banco supervisado y sometido a la misma normativa que el resto de entidades autorizadas en España".
"Ello implica, entre otras cosas, que cada uno de los bancos debe tener implantados controles en el ámbito de prevención del blanqueo de capitales y ejecutarlos conforme a las prácticas de mercado y la normativa de cada jurisdicción", prosiguen. "Así, si el banco emisor identifica una operación sospechosa debe proceder a su comunicación a la autoridad competente (en España, el Sepblac) sin que quepa el traslado de dicha obligación al banco beneficiario, y viceversa", concluyen. Por esa razón, esas fuentes consideran que las acusaciones del ICBC son "la típica estrategia procesal para desviar la responsabilidad" y aseguran que "el juez no ha comprado el argumento".
Fuentes de la investigación aseguran que la UCO analiza ahora si Caixabank eludió sus obligaciones legales de denunciar todas esas operaciones sospechosas, como apunta el informe de ICBC. En su auto del 6 de septiembre, el juez Moreno añadió a la nómina de imputados (en principio los responsables de la sucursal española del banco chino) a la propia entidad china como persona jurídica. Su resolución dedicaba todo un apartado a la operativa de presunto blanqueo operada a través del banco catalán.
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