El Banco de España ve con buenos ojos que sean las entidades de crédito las encargadas de financiar el nuevo Organismo Autónomo de Protección al Cliente Financiero. Este organismo, cuyo objetivo residirá en defender los intereses del cliente bancario, contará con capacidad sancionadora y sus decisiones serán vinculantes en todas aquellas reclamaciones inferiores a 100.000 euros, según se desprende del borrador del Real Decreto elaborado por el Ministerio de Economía.
La idea que maneja el Gobierno es que esta autoridad permita atender las quejas de los clientes de los bancos, ignoradas por las entidades en la mayoría de los casos a pesar de que el usuario tenga la razón. Está previsto que se financie a partir de una estructura de tasas que pagarán los bancos en función de su actividad y el número de quejas recibidas, algo que valora positivamente la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos, pues considera que contribuiría a desatascar los juzgados.
“Independientemente de la tasa fija por volumen de actividad, incorporar otra relacionada con el número de reclamaciones tiene un un efecto disuasorio y disciplinador sobre los servicios de atención al cliente de los bancos para que funcionen mejor y se agilice el sistema de reclamaciones”, aseguró ayer el director del departamento de conducta de mercado y reclamaciones del Banco de España, Fernando Tejada, durante un acto organizado por Asufin con motivo de su décimo aniversario.
Tejada defiende que para garantizar la independencia del denominado ‘ombudsman’ bancario es necesario que cuente con recursos suficientes. Por tanto, cree que la financiación por parte del sector financiero aporta “cierto valor añadido", aunque, a su juicio, “lo ideal” es que estuviera costeado por el Estado a fin de garantizar el mayor grado de independencia posible.
La CNMV defiende que lo financie pague el Estado
Esta es la línea que defiende la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo partidario de que no sean los bancos los encargados de dotar de recursos al defensor del cliente. “Es más independiente alguien que depende del Estado que de las entidades”, apuntó Jesualdo Domínguez, director del departamento de inversiones del supervisor de los mercados.
Sebastián Albella, presidente de la CNMV, ya criticó a finales de noviembre que la autoridad de protección del cliente bancario no se hubiera integrado en su organismo, como ocurre en Reino Unido. “No se si el Estado tiene recursos para crear la autoridad, sería lo ideal”, indicó Domínguez.
Por su parte, Carlos Balmisa, director de control interno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), propone a los legisladores ser más “imaginativos” con el mecanismo para dotar de fondos el nuevo organismo y establecer tasas dinámicas que hagan plantearse a los bancos su negativa a atender en primera instancia las reclamaciones del cliente.
Contrato hipotecario único
Desde los bancos, en cambio, no ven sentido a que sean ellos quienes tienen que dotar íntegramente los fondos de la nueva autoridad, cuya independencia creen que estará en continuo entredicho si así sucede. Además, podrían repercutir al cliente estos nuevos costes encareciendo sus productos, como ha sucedido con las hipotecas tras la polémica con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
En este sentido, Ignacio Canle, responsable de asesoría jurídica de Abanca, propuso al Gobierno elaborar un contrato hipotecario “modelo” que no considere abusivo. “El banco ya le podrá a eso un precio”, advirtió. Desde Banco Santander, Carlos Garnica, director de asesoría jurídica, criticó el incremento de la litigiosidad que se ha producido en los últimos años. “Todo el mundo debe saber que si firma algo tiene unas consecuencias”, aseguró el directivo, que también lamentó que actualmente los bancos gozan de una “inseguridad jurídica” total.
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