La explosión de la inversión en criptomonedas inquieta. Tanto como para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España se hayan unido para montar un grupo de trabajo que monitorice su evolución, analice su desarrollo y plantee propuestas “para que no haya agujeros normativos”. Arrancó formalmente ayer, probablemente en una de la sesiones más inestables para estas divisas: el Bitcoin llegó a caer casi un 13% a raiz de la declaración del Gobierno de Corea del Sur sobre su intención de restringir la operativa pudiendo, incluso, prohibirla.
La iniciativa de los supervisores españoles la desveló el presidente de CNMV, Sebastián Albella, aprovechando su comparecencia en la Comisión que investiga el rescate financiero en el Congreso. “Estoy extraordinariamente sensibilizado y muy preocupado”, confesó mostrando un celo sobre la protección del ahorrador que va más allá de sus competencias porque no son inversiones que caigan bajo la responsabilidad ni de CNMV ni Banco de España, aunque sí les inquieta para evitar efectos indeseados en el ciudadano como según recordó ocurrió con Forum Filatélico y Afinsa.
Las empresas habían estado captando ahorros en productos asimilables a depósitos que garantizaban una rentabilidad pero enmascarados como comercialización de sellos durante décadas y con tal éxito que, cuando investigaciones judiciales determinaron que operaban como un fraudulento esquema de Ponzi (los nuevos ahorradores pagan a los antiguos con sus aportaciones) quedaron pillados casi medio millón de hogares. Hoy aún litigan en tribunales, sin haber recuperado su inversión.
Al no ser entidades financieras la supervisión quedaba bajo un control de departamentos de Consumo de las Comunidades Autónomas que se reveló deficiente, y acabó rebotando con solicitud de responsabilidades a los supervisores financieros. “Los unos por los otros y la casa sin barrer”, indicó Albella para ilustrar su temor: “Tenemos que estar muy alerta con este tipo de fenómenos para que no se nos vuelva a reproducir”.
El foco del equipo montado por los organismos se cierne sobre dos fenómenos: la compra de criptomonedas por parte de inversores minoristas a través de una especie de derivados o CFD’s y vinculado al mercado de bitcoins; y a través de plataformas no reguladas donde parece erróneamente que se ejecuta una adquisición directa pero, en realidad, el activo queda en manos del intermediario a través de los monederos electrónicos y es más una inversión. Con este último invento se facilita también una especie de financiación a terceros.
Las alarmas han saltado a lo largo y ancho del globo terráqueo para enfado de inversores y promotores, firmes defensores de la validez del sistema y de su rol, incluso, como esqueleto sobre el que montar futuras soluciones y servicios financieros y parafinancieros.
EEUU, Reino Unido, China, Rusia.., los supervisores están en alerta
El mismo regulador de EEUU alertó el pasado 13 de diciembre sobre el fenómeno en un documento que la CNMV, en un ejercicio sin precedentes, va a colgar en su web -nunca divulga informes de otros reguladores- en versión original y traducida, desveló Albella. El banco emisor de China ha hizo mucho más allá, prohibiendo a empresas y particulares colocar criptomonedas para financiarse, Japón lo sopesa y Rusia impide que se utilicen como moneda de cambio con el rublo.
Otro ejemplo es el regulador británico (FCA, por sus siglas en inglés). El organismo advirtió recientemente del “alto riesgo” que supone el uso de las criptomonedas ICOs como mecanismo para obtener fondos en lo que considera una inversión altamente especulativa, aconsejando al ahorrador analizar el proyecto antes de arriesgar sus recursos y ser consciente de que puede perder todo o casi todo.
La ausencia de regulación y supervisión levanta alertas por el riesgo de que su uso resulte fraudulento para el inversor y las elevadas probabilidades de que se haya incubado una burbuja que, con su pinchazo, reduzca a la nada el patrimonio expuesto.
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