El Banco Central Europeo (BCE) mantiene todas las alertas abiertas para vigilar el impacto que sobre la reputación y la solvencia del BBVA pueda tener la investigación abierta en la Audiencia Nacional por su relación con el excomisario Villarejo durante la etapa en la que Francisco González fue su presidente. Fuentes cercanas el regulador europeo aseguran que se trata de un proceso importante que puede ser muy perjudicial para el banco, por lo que no descartan realizar una “actuación de urgencia” si el caso hace caer el valor de la acción en los mercados y se genera un problema de solvencia en la entidad.
La imputación del que fuera su consejero delegado del banco y número dos de González, Ángel Cano, el exdirector de seguridad, Julio Corrochano, y todo el grupo de directivos que pudo tener relación con las cuentas desde las que se pagó al excomisario, ahora en prisión, no ha pasado desapercibida entre los responsables del BCE, que no quieren que el caso se convierta en un riesgo sistémico para el sector financiero español y el mercado europeo. Hasta el momento, las informaciones publicadas y los hechos que saltaron a la luz hace ahora un año no han tenido una repercusión significativa en las acciones del banco, pero no se descarta que las nuevas imputaciones, que están muy cercanas ya al que fuera su máximo líder durante casi 18 años, puedan tenerlo.
Desde el entorno actual del banco siempre se ha querido dejar muy claro que los hechos tuvieron lugar cuando era dirigido por un equipo completamente diferente, de forma que no se puede extender la responsabilidad que se pudo tener en esos años a la cúpula que ahora está al frente, con Carlos Torres a la cabeza. Es conocida la amistad que el propio Torres tiene con su antecesor, Francisco González, al que considera su “mentor”, pero al que ahora se acusa de haber encargado las escuchas al excomisario para combatir un supuesto ataque hostil contra la entidad en los años 2004-2005. Fuentes cercanas a la entidad aseguran que esa relación personal no obsta para que la actual gestión de la entidad se desvincule totalmente de su anterior presidente, sobre todo si se demuestra que tuvo algún tipo de responsabilidad penal en los hechos que se investigan en la Audiencia Nacional.
La incertidumbre que estos hechos han generado en torno al BBVA y su anterior cúpula directiva, hicieron que el propio vicepresidente del BCE, el exministro español Luis de Guindos, reclamara la semana pasada una investigación “profesional” y “profunda” de todo lo que ocurrió en el banco con la contratación de la empresa de Villarejo en época de González, para atajar cualquier crisis que pudiera darse en una de las entidades más importantes del sistema financiero a nivel europeo. Precisamente, el banco acaba de recibir los resultados de un ‘forensic’ realizado por PwC, bajo la dirección del bufete Garrigues, sobre toda la documentación que se ha podido rescatar de la relación del banco con los hechos investigados en la causa.
Cuatro años de calvario reputacional
Tanto desde el sector financiero como en el ámbito jurídico se ha advertido que el gran riesgo que corre el banco ahora es reputacional, dado que no cabe la responsabilidad penal como persona jurídica (no existía cuando se produjeron los hechos) y los posibles implicados ya no están en la entidad. “Pero van a ser unos cuatro años hasta que se pueda abrir un juicio oral (si se llega a ello) durante los que habrá más interrogatorios, paseíllos ante el juez, informaciones de todo tipo y un cúmulo de hechos que van a azotar la reputación de la entidad”, asegura un experto en este tipo de procesos.
A pesar de tener un ‘forensic’, que se aportará al juez para la causa, y de la investigación interna abierta en el banco hace doce meses, que se prolongará 'sine die' por el momento, todas las fuentes consultadas advierten que lo más importante en todo este caso son las actuaciones que haga el juez, “que seguirá su propio criterio y lo más conveniente para la investigación, sin importarle el timing del banco ni su reputación”, advierten fuentes financieras.
El propio Gobierno español ya mostró su preocupación cuando el caso saltó a los medios y, al igual que ahora hace el BCE, advirtió sobre el riesgo sistémico que todo este proceso puede tener para el sector financiero, con lo que ya entonces levantó las alarmas sobre la evolución de la acción y la solvencia del banco.
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