El BdE dispara un 43% la factura de su defensa jurídica en la vista del Popular

El pasado mayo arrancaba en la Corte de Arbitraje de La Haya la vista que enfrenta a los inversores mexicanos del Banco Popular, capitaneados por Antonio del Valle -que llegó a tener más de un 4% de la entidad antes de su venta por un euro al Banco Santander- contra el Reino de España. Más concretamente, exigen responsabilidades al Ministerio de Justicia y al de Economía, al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). El empresario mexicano, que reclamaba 470 millones de euros por las pérdidas generadas en la operación, ahora suma a su demanda 230 millones más derivados del impacto fiscal, los intereses y el coste de procedimiento. 

Un total de 700 millones para un pleito en el que el grupo de inversores apunta directamente al papel desempeñado por el Gobierno español y el Banco de España en este asunto. Les señala como responsables de las pérdidas por no actuar a tiempo y tampoco prestar el apoyo necesario al Popular durante su proceso de quiebra. Según su defensa, que está siendo ejercida por la firma americana King & Spalding y liderada por Javier Rubinstein, la cuestión clave que precipitó la caída del banco fue la crisis de liquidez. Un cúmulo de cuestiones a dirimir que están retrasando la resolución del arbitraje, prevista inicialmente para finales de este año.

La millonaria demanda ha forzado a los organismos españoles a blindarse judicialmente contratando prestigiosos despachos internacionales -también alguno nacional- para su defensa. Pero un litigio que comenzó hace tres años, a raíz de la reclamación de Del Valle y que puede prolongarse hasta ocho años, ha generado, según los despachos, un volumen de actuaciones procesales muy superiores y ha hecho necesario realizar prestaciones de asesoramiento y de asistencia adicionales no previstas en el contrato inicial, todo ello unido a los efectos generados por la crisis sanitaria de la Covid.

En marzo, el BdE encargó dos informes sobre su provisión de liquidez de emergencia en la resolución del Popular

Ante estos hechos inesperados y los cambios de estrategia del mexicano, tanto el Frob como al Banco de España se han visto presionados a hacer modificaciones en los contratos suscritos con los bufetes, "para garantizar una adecuada defensa del Reino de España en el procedimiento arbitral".

Si hace seis meses el Frob elevaba la factura con Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle en 1,8 millones, el Banco de España acaba de introducir un modificación en el contrato, que implica aumentar en 1,1 millones los honorarios de la firma estadounidense Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Para justificar el "ajuste de precio", el bufete alega "circunstancias sobrevenidas y difícilmente previsibles en el momento de configurar la licitación de acuerdo con la información de la que se disponía". Tras esta revisión, el importe ha pasado a elevarse un 43%, hasta 3,81 millones -con impuestos-, por un acuerdo que se firmó sin publicidad y bajo el grado de urgente.

Como refuerzo a su defensa, el Banco de España también tiene adjudicado el peritaje en la causa al despacho británico Versant Partners por 450.000 euros. Esta firma con sede en Londres también fue la elegida por el Frob para que realizase los peritajes pertinentes, labor esta última por la que percibió 750.000 euros. De forma complementaria, el pasado marzo la institución que encabeza Pablo Hernández de Cos reforzó su defensa fichando a dos peritos, uno económico y otro legal, para emitir sendos informes sobre su provisión de liquidez de emergencia en la resolución de la entidad.

Por su parte, la CNMV contrató a principios de 2020, por la misma vía de urgencia, a la firma española Netvalue Forensic como asesor para los arbitrajes internacionales derivados de la resolución de Banco Popular, tras haber dado marcha atrás en el fichaje de Nera Economic Consulting, perteneciente al grupo Oliver Wyman.