La Seguridad Social ha adjudicado -repartido en seis lotes- el megacontrato para el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas informáticos de todos sus departamentos, valorado en 98,9 millones (IVA incluido). Los ganadores de la 'parte del león' de la gestión de estos servicios -tres de los lotes- han sido Indra y la alemana Software AG, unida a Babel, tres de las 11 empresas a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó el año pasado con 30 millones de euros por crear un 'cártel' en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública.
La trama, según se desprendía de la resolución de la CNMC con fecha de 26 de julio de 2018, operó durante 10 años en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos. Entre los organismos afectados se encontraban la Agencia Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social -que ahora adjudica el contrato-, el Servicio Público de Empleo o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
De la actual adjudicación, a la que habían sido admitidas cerca de una veintena de empresas, han quedado fuera otras cuatro compañías que también fueron sancionadas por la CNMC, que recibieron multas que suman 3,2 millones de euros. Solamente siete empresas, algunas unidas en Unión Temporal de Empresas (UTE), han logrado ahora superar la dura revalida de la mesa de contratación de la Seguridad Social gracias a que ofrecieron las proposiciones más ventajosas -precios unitarios y preparación técnica y de gestión-.
El lote más importante, con un presupuesto base de licitación de 39,1 millones, con un plazo de ejecución de dos años y que tiene como objeto el desarrollo de sistemas de información de la Tesorería General y del Servicio Jurídico de la Seguridad Social, ha recaído en Indra Sistemas, que tuvo que enfrentarse a otras dos ofertas. Mientras, los lotes 2 y 3, diseñados para los desarrollos informáticos del Instituto Nacional y la Intervención General de la Seguridad Social y con un presupuesto de 6,3 y 12 millones, respectivamente, fueron adjudicados a la UTE formada por SAG y Babel. Los tres acuerdos tienen fecha del 27 de febrero.
Una trama que duró más de una década
El entramado empresarial se destapó gracias a una denuncia realizada a raíz de una campaña contra el fraude en la licitación pública que lanzó el organismo que garantiza la competencia hace casi dos años y medio. Tras las investigaciones realizadas y una vista pública con las compañías que estaban implicadas, la CNMC consideró acreditada una infracción muy grave constitutiva de cártel. En esta trama, según el escrito, se apreciaban conductas "como el reparto del mercado, la fijación de precios y condiciones comerciales y el intercambio de información sensible".
En la resolución se aseguraba que los hechos investigados ponían de manifiesto "un modus operandi entre las empresas que se repite en los distintos contratos y se extiende a todos los organismos públicos analizados". Esta forma de actuación generalizada, señalaba, permitía el mantenimiento de las alianzas, que se repetían de forma excesiva entre varias empresas con el objeto de colaborar conjuntamente en la prestación de servicios a varios organismos públicos y que habrían afectado a un buen número de contratos.
Además, el acta de la CNMC dejaba patente que en numerosas ocasiones la Administración había recurrido a las empresas -especialmente Indra y SAG- para que le ayudasen en el diseño de los pliegos y que estas "no perdieron la oportunidad de diseñar procedimientos de contratación 'ad hoc' que les beneficiaban e impedían o restringían la concurrencia de terceros". En esta línea, una consejera de la CNMC emitió un voto particular en el que destacaba que se deducía "con claridad que la Administración podría ser conocedora de la existencia del reparto de mercado y que podría haber jugado un papel activo en el mismo".
Entre las prácticas ilícitas detectadas por el organismo de la competencia se apuntaba la creación de UTEs de carácter instrumental, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran con propuestas alternativas, o la no presentación de ofertas por ciertas compañías en determinados concursos con el fin de asegurarse la adjudicación de los contratos y a cambio de otro tipo de favores. Con todo ello conseguían reducir drásticamente la competencia.
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