Dos años y medio después, el ‘caso American Express’ sigue encallado. Se trata de la batalla de la compañía española Trappit contra el gigante estadounidense de los viajes con su denuncia por estafa y otros delitos. El juez de instrucción español ha paralizado la petición de comisiones rogatorias a los directivos del gigante estadounidense. ¿La razón? El nombramiento de un perito que compruebe si hubo o no copia del software Arpo, desarrollado por la empresa española. El resultado: un nuevo retraso.
Tras meses de lucha en los tribunales, a mediados de septiembre del pasado año el juez dio luz verde a las comisiones rogatorias para que la justicia estadounidense tomara declaración a los máximos directivos de la empresa. Una pequeña victoria para la española, fundada por Daniel de Carvajal y Luis Martín Lázaro, que duró poco.
En el mes de diciembre, el juez dio marcha atrás. Pidió al magistrado de la embajada de España en Washington y Reino Unido que dejara sin efecto la tramitación de las comisiones rogatorias. Cambió de criterio, al entender que es prioritaria la prueba pericial con la que se determine si se produjo una vulneración de derechos de propiedad del programa Arpo y si Lastfare, el ‘software’ desarrollado por los estadounidenses, es una copia total o parcial.
Este retraso en la tramitación de comisiones rogatorias no es nuevo. En la mayoría de los casos, ni la justicia española ni tampoco la destinataria de esas comisiones son muy proclives a acelerar estos procedimientos.
Aún en fase de instrucción
Este es un escollo más en un proceso que se alarga durante más de dos años y medio. A mediados de 2015, Trappit Tecnologías SL presentó una demanda contra American Express, por considerar que habían sido copiados y estafados tras meses de conversaciones y negociaciones para una potencial compra. Reclamaban casi 15 millones por daños y perjuicios.
Tras escuchar las declaraciones, el juzgado amplió el caso y ordenó la petición de comisiones rogatorias para los directivos en Estados Unidos y Reino Unido. La Audiencia Provincial volvió a confirmar esta decisión un año después. Tras cambios en los jueces y diferentes movimientos, el caso volvió al juzgado de instrucción que decidió volver a tomar declaración y empezar desde cero.
El siguiente hito tuvo lugar en los primeros meses de 2017. Trappit amplió la querella por presuntas pruebas falsas presentadas por la estadounidense ante el tribunal. Se trataba de unos correos intercambiados por la empresa y la firma Vitusium como la que llevó a cabo una parte del desarrollo del ‘software’.
Ahora, tendrá que ser el perito nombrado por el juez quien se encargue de si realmente hubo copia “total o parcial” del programa y si hubo vulneración de derechos de la propiedad intelectual. Desde Trappit no entienden este movimiento, pues el proceso judicial tiene que ver con el delito de estafa y no con el resto, por lo que la comisión rogatoria no debería estar vinculada a esta prueba pericial.
Trappit Tecnologías SL fue fundada en 2011. Su producto Arpo fue finalizado completamente, según asegura en la memoria de 2016, en el mes de septiembre de ese año. En ese ejercicio sumó unos ingresos de 163.000 euros. Según las cifras de la empresa, el 2017 lo cerraron con más de 350.000 euros.
Tres abogados en tres años
La compañía tecnológica ha tenido en este tiempo tres abogados. Arrancó con Ignacio Peláez, que falleció el pasado mes de septiembre de manera repentina. Posteriormente, su defensa fue liderada por Adolfo Prego, exmagistrado del Tribunal Supremo. Tras diferencias mutuas, abandonó dos meses después. Actualmente, su letrado es Santiago Milans del Bosch. Y en el caso de American Express, su defensa es coordinada por Garrigues.
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