La imputación a Brufau y Fainé alerta al Ibex por judicializar la vida empresarial

La imputación de Isidre Fainé y Antonio Brufau en la trama del caso Villarejo, después de casi cuatro años de instrucción, ha sido un varapalo sin precedentes para la cúpula empresarial española, que desata los peores temores sobre una judicialización de su actividad a todos los niveles, de la que no se libran ni siquiera las personalidades más notables del Ibex 35. Fuentes jurídicas y empresariales cercanas a todo el proceso que ahora se ha centrado en Caixa y Repsol, pero que ha puesto en jaque a organizaciones como BBVA o Iberdrola, muestran su estupor ante el golpe a la reputación de motores económicos del país, sobre la base de un macroproceso en el que se han abierto 30 piezas y sobre cuya instrucción existen innumerables dudas desde el punto de vista de la lógica y la técnica jurídica.

Precisamente por eso, las grandes corporaciones deslizan la existencia de una sombra de intervencionismo en la imputación de empresas y personas por unos indicios de culpabilidad que no ven claros. Sin entrar en otras motivaciones, los servicios jurídicos de muchas empresas punteras del país que contrataron los servicios de Cenyt hace más de quince años, porque era la agencia de investigación que mejor se vendía en ese momento, argumentan que no se puede colegir de ello que sus dirigentes deban responder también de los métodos que podía o no utilizar, o del origen de la información que manejaba. A la vista de los acontecimientos, tendrán que esgrimirlo no solo 'sotto voce', sino también en sede judicial.

“Habrá que tener claro que existía un dolo, una intención de los máximos responsables de cada compañía para que esas prácticas supuestamente ilegales se llevaran a cabo, y eso no se ha demostrado todavía ni en el caso del BBVA después de más de dos años de investigación y un forensic con miles de datos”, señalan desde los servicios jurídicos de una de esas entidades, que prefiere guardar el anonimato dadas las circunstancias. En el ámbito judicial y fiscal, más allá del trabajo que realiza la Fiscalía Anticorrupción, se advierte además que, en caso de que se llegue al juicio oral, va a ser complicado demostrar que se produjeron delitos como el cohecho activo o la corrupción entre particulares, pues eso supone dejar clara la relación directa de un presidente del Ibex con las órdenes que se dan a una agencia, o con lo que esa empresa de investigación hace al final para conseguir su cometido y prestar el servicio.

Desconfianza en el ámbito judicial

Los empresarios siempre han destacado la sintonía que existe entre sus planteamientos y los que defiende la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, incluso se amoldan a las negociaciones que se establecen con su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, a la hora de tratar sobre cuestiones complicadas como la reforma laboral o el diálogo social, por más enfrentadas que estén las posturas. Pero la desconfianza es mayor cuando se trata del área judicial del Gobierno, sobre todo desde el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado y el recelo que provoca sobre la investigación que se realiza del caso Villarejo.

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Los problemas entre Delgado y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, tampoco ayudan a mejorar la confianza empresarial en unos trabajos en los que se mezclaban cuestiones como las actuaciones de la llamada ‘policía patriótica’, en la pieza Kitchen, o el caso Dina y las sospechas sobre Pablo Iglesias, pasando por la investigación sobre Francisco González en BBVA o la cúpula de José Ignacio Sánchez Galán en la pieza separada que se abrió sobre Iberdrola. 

Algunas de las defensas de las grandes empresas implicadas en el caso Villarejo esperaban una aceleración de la instrucción de sus piezas, pendientes de que el juez dicte un auto de transformación y se fije fecha para el juicio oral, o se recomiende su archivo para falta de indicios suficientes como para apuntalar las acusaciones de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, que son los tres delitos en los que se centran las pesquisas actuales. Si se llega a juicio, el calvario judicial para las empresas se prolongará dos o tres años más, mientras que un archivo podría liberar a los implicados de todas las sospechas que sobre ellos se vierten.

Desde el punto de vista puramente empresarial se ha hecho hincapié, además, en el efecto que este tipo de procesos judiciales generan en la imagen empresarial del país, sobre todo en compañías de amplia relevancia internacional, como algunas de las que están ahora implicadas en el caso. Más allá de ver el final de las investigaciones, desde los servicios jurídicos y los asesores de las compañías se teme ahora una revitalización de los procedimientos que puede ser muy negativa para la reputación de las compañías en pleno proceso de recuperación económica.