La litigiosidad desatada con el Popular ha desbordado todas las previsiones, incluidas las de la propia Junta Europea de Resolución (JUR). Tal ha sido el alud de recursos que el organismo presidido por Elke König se ha visto obligado a rectificar el contrato con Linklaters e incrementar su minuta en casi un 19% para que le asista en la defensa de su actuación en el sexto banco español y origen de una disputa histórica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Nunca antes la Corte de Luxemburgo había recibido tal avalancha de demandas.
La delegación británica de Linklaters fue contratada en agosto del pasado año por 8 millones de euros que, con las modificaciones, se elevarán a 9,5 millones -ambas cuantías excluyen el IVA-. La JUR argumenta el incremento en que los servicios legales se extenderán desde “los 52 casos de litigio inicialmente previstos”, si bien “el número final de casos ha aumentado a 98”. Con las modificaciones del contrato se eleva a 36 meses el plazo durante el que Linklaters deberá prestarle servicios legales y asesoramiento al organismo.
En su cómputo pudo influir la confusión inicial sobre los plazos vigentes para interponer demandas. Teóricamente, se agotaba el 7 de agosto porque existen dos meses desde la resolución para ir al Tribunal de Luxemburgo -la adjudicación del contrato a Linklaters data del 25 de ese mismo mes-. Sin embargo, al ser agosto inhábil en la jurisdicción contencioso-administrativa el calendario se alargó un mes adicional; suficiente como para que se duplicase la incidencia.
El despacho arrancó su trabajo surtiendo al organismo europeo de asistencia jurídica en su renuencia a divulgar el largo etcétera de documentos que le exigen los afectados para conocer qué ocurrió con el Popular, si supervisores y gestores pudieron hacer más, y, sobre todo, por qué se redujeron a cero más de 3.000 millones de euros en acciones y bonos para autorrescatar la entidad antes de adjudicarla por un euro al Santander.
El organismo dirigido por König ha alegado, en base a informes de Liklaters, su negativa a publicar distintos informes de los que no dispone del permiso de su autor (la gestión de la liquidez, por ejemplo, por parte del Banco Central Europeo) o del Santander, para proteger su estrategia; pero la mayoría pertenecen a la JUR y se aferra al potencial perjuicio que ocasionaría al Popular o al sistema de resolución y supervisión para mantenerlos bajo llave.
El organismo tuvo que dar su brazo a torcer y sacar a la luz algunos de ellos, incluida la versión parcheada del codiciado informe de valoración de Deloitte, por petición de su Panel de Apelaciones, donde habían recurrido varios afectados. Se da la paradoja de que los datos desvelados y, sobre todo que Deloitte reconociese la provisionalidad de su valoración por las dificultades que tropezó al efectuar su trabajo, han dado nuevas armas a los demandantes, ahora convencidos de que no se agotaron todas las alternativas antes de dejar caer el banco y su resolución se encontraba decidida mucho antes de lo confesado.
La divulgación tuvo lugar el 2 de febrero y los afectados disponen ahora de una oportunidad para contestar al Panel de Apelaciones su satisfacción o insatisfacción con los datos conocidos. En previsión de que exigirán un ‘destape’ integral, como ya han anticipado por ejemplo los grandes bonistas liderados por Pimco, la JUR buscó disculpar su actuación en una carta a los afectados donde sostenía la imposibilidad de sacarlo todo a la luz salvo que se justifique un interés general y no particular.
Su postura se ha dado de bruces, sin embargo, con los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quiere levantar todas las alfombras y ha requerido toda la información velada -desde la valoración completa de Deloitte, al informe sobre la gestión de la liquidez y la asistencia de emergencia surtida por el BCE, la carta con las condiciones de venta del banco o las distintas operaciones fracasadas en la etapa de Ángel Ron y Emilio Saracho, tales como el ‘Plan Sunrise o los informes elaborados por Morgan Stanley y Citibank que sirvieron a Bankia y Santander para analizar su potencial compra-.
El proceder de la JUR y la aprobación de la resolución por parte de la Comisión Europea se juzga en la Corte de Luxemburgo. En España los recursos interpuestos ante la Audiencia Nacional van contra el banco, los exgestores, auditores y autoridades españolas -el Frob-. A pesar de que Andreu quiere todos los informes, la Audiencia Nacional amagaba con esperar a una resolución en Europa para evitar perjudiciales contracciones. Si frena el proceso, quizá el organismo de resolución, apoyada en su bufete Linklaters, tenga la carta del tiempo.
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