El férreo control del gasto no es sólo cosa del ministro Cristóbal Montoro. Las normas impuestas a los Organismos Públicos de Investigación desde 2014 han asfixiado al centro internacional de referencia en la investigación de energía termosolar, la Plataforma Solar de Almería (PSA). El centro, con 40 años de historia, depende de la secretaria de Estado de Investigación del Ministerio de Economía. Los responsables de la plataforma han lanzado un SOS: el futuro del centro está en el aire.
Fuentes de la dirección de la PSA precisan que no se trata de dinero. El centro -130 empleados, de ellos un tercio dedicados a la investigación- tiene un presupuesto modesto, del entorno de seis millones anuales. Con ellos se ha convertido en el mayor centro de I+D en el mundo en la generación solar térmica centralizada. Más de la mitad de sus ingresos no proceden de los presupuestos, sino de su actividad internacional.
Las dificultades están en las barreras impuestas al gasto por la Administración, que ha endurecido las trabas burocráticas y dificulta los proyectos en los que trabaja la Plataforma. La reglamentación vigente establece un control previo a todo gasto, incluso los que se realicen con dinero de fuentes externas.
Situaciones llamativas
Ese control, según fuentes del centro, provoca situaciones más que llamativas. Como las trabas para pagar los 300 euros de cuota anual que paga la plataforma por su pertenencia a la International Solar Energy Society o la dificultad para sustituir aparatos clave en un proyecto de experimentación para una empresa alemana, dispuesta a pagar 500 horas de ensayos en la planta para proyectos multimillonarios en China.
El cerrojazo presupuestario, alertan los empleados de la planta, afectará a las contrataciones previstas para el próximo año y a la renovación de hasta 13 empleados de la planta, contratados de forma temporal. Además, se acumulan las deudas porque las barreras al gasto han impedido pagar a la Universidad de Almería por el acuerdo de transferencia de estudiantes que mantiene con PSA.
Pero lo más grave de la situación, relatan en PSA, es que están en riesgo incluso fondos europeos (FEDER) conseguidos por la planta almeriense en liza con otros proyectos. Son 12 millones de euros, destinados a la mejora y renovación de las instalaciones que no se podrán utilizar si Economía no abre la mano. Los fondos europeos, si no se utilizan, se devuelven con intereses.
La Plataforma Solar de Almería está declarada como Infraestructura Científica y Técnica Singular. La Administración las define como "grandes instalaciones, con recursos, equipamientos y servicios, únicas en su género, que están dedicadas a la investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima calidad, así como a fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y la innovación".
Clave en la actividad internacional
En el caso de PSA, su actividad, desde que se fundó en los años 70, ha sido clave para la actividad internacional en energía termosolar de empresas como Acciona, Iberdrola, Cobra o Abengoa. La energía termosolar no tiene mucho peso en el conjunto de las renovables a nivel mundial. En total hay instalados 5.000 MW y otros 5.000 están en construcción. Pero en lo construido, el papel de las empresas españolas ha sido fundamental. A ellas les corresponde el 75% de los proyectos.
Ese potencial investigador está en riesgo. "Peleamos desde hace dos años, la cosa va a peor y vamos a perder el liderazgo" resumen desde la dirección de la Planta. PSA está adscrita formalmente al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y tecnológicas (CIEMAT), dependiente, a su vez, de la secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía.
La Secretaría de Investigación sabe que tiene una patata caliente entre las manos. La PSA "es un Organismo Público de Investigación (OPI) y, por tanto, su financiación depende de los Presupuestos Generales del Estado. Está sujeto a la normativa, independientemente de que reciba fondos externos por otras vías (a los presupuestos)", señalan.
Según el portavoz de la secretaría, se van a tomar medidas. "Conscientes de la situación de los OPIs, desde la Secretaría de Estado de I+d+i estamos trabajando para minimizar el impacto de la intervención previa y agilizar los plazos, tanto de la intervención como de la contratación. Hemos propuesto al Ministerio de Hacienda que los proyectos financiados externamente por la UE no estén sujetos a esta intervención".
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