Suma y sigue. La actualización del informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre el rescate bancario en España ha desvelado que a lo largo de los tres últimos años el coste de los recursos públicos destinados a la reestructuración de las entidades financieras se ha incrementado en 5.859 millones de euros. De esta forma, los 60.718 millones contabilizados al cierre de 2015 han sido ampliamente superados al término de 2018, hasta alcanzar la cifra total de 66.577 millones, lo que supone un crecimiento de las pérdidas del 9,6%.
El dato que maneja el Tribunal de Cuentas equivale, aumentado y corregido, al publicado esta misma semana por el Banco de España, que situaba el coste del rescate bancario al cierre del pasado ejercicio en 65.725 millones de euros. Sea como fuere, ambas cifras ponen de manifiesto la negativa evolución de la 'factura' que ha supuesto la crisis financiera y echan leña al fuego de la controversia política que existe en España sobre el papel de la banca, con especial incidencia en Bankia como entidad controlada actualmente por el Estado.
El nuevo registro corresponde a las ayudas del Estado habilitadas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se sitúan en 45.343,8 millones de euros, y las financiadas por los bancos del sistema a partir del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades Bancarias (FGDEC) que suman otros 21.295,3 millones. Las recuperaciones obtenidas por el Banco de España compensan apenas 62 millones de euros. En el último trienio, el FROB aumentó los costes en 3.496 millones mientras que el FGDEC lo hizo en 2.363 millones.
El Tribunal de Cuentas detalla las partidas que han encarecido el rescate bancario desde que se llevó a cabo el anterior informe de fiscalización. Entre dichas causas destacan las ayudas aportadas a través de los denominados Esquemas de Protección de Activos (EPAs), que incrementaron el coste en 2.300 millones a lo largo de los tres últimos años. Al término del pasado año, la cifra destinada a este mecanismo de garantía para los compradores de las antiguas cajas se sitúa en 12.690 millones de euros.
La valoración de Bankia se reduce en 1.600 millones
De igual forma, la disminución del valor neto contable del grupo BFA/Bankia, en su calidad de única entidad participada por el FROB, ha supuesto un coste adicional de 1.627 millones de euros. Otro epígrafe que también ha incidido en el incremento de los costes de reestructuración han sido las aportaciones al capital y a la deuda de Sareb, el llamado banco malo de la reestructuración bancaria, que han subido desde 2015 en 1.484 millones hasta los 2.024 millones en 2018.
El Tribunal de Cuentas pone al día igualmente la distribución del coste por cada una de las entidades financieras que han resultado beneficiarias en el proceso de reordenación y saneamiento bancario entre los años 2009 a 2018. La antigua Caja de Cataluña presidida en su día por Narcís Serra se lleva la palma con un total de 12.686 millones seguida de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, calificada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez como “lo peor de lo peor”, con 12.520 millones de euros.
El grupo BFA/Bankia figura en tercer lugar con un coste de 12.520 millones. Dicha cifra surge de unas aportaciones de capital de 22.424 millones a los que hay que restar el valor neto de casi 10.000 millones contabilizado en el balance del FROB como accionista de control. El órgano de fiscalización define claramente en este sentido la distinción entre el coste efectivo y los recursos comprometidos en la reestructuración. Estos últimos comprenden el importe monetario de todas las medidas de disposición o compromisos de fondos públicos, si bien luego hay que deducir los importes recuperados posteriormente y los que no han llegado a materializarse en salidas de recursos públicos.
El Tribunal de Cuentas señala que, aunque el cierre de 2018 constituye una fecha avanzada del proceso de reestructuración, el importe final del coste generado por el rescate bancario no puede considerarse como definitivo y depende todavía de operaciones que pueden provocar variaciones de la cifra final. Entre dichas contingencias destaca la venta de la participación del FROB en el capital del grupo BFA/Bankia, que estaba valorada en un importe neto de deterioros de 9.560 millones a finales del pasado año.
Otras operaciones a tener en cuenta en el saneamiento de las entidades financieras son la evolución de los Esquemas de Protección de Activos (EPAs), cuyo saldo vivo al 31 de diciembre de 2018 era de 1.351 millones, incluyendo en este apartado las ayudas todavía pendientes de liquidación del Banco de Valencia, la CAM y Unnim Banc. Además, hay que considerar otras garantías adicionales aportadas por el FROB y el FGDEC, que suman 6.329 millones, así como la deuda subordinada de la Sareb suscrita por el propio organismo de reestructuración bancaria, que asciende a un total de 656 millones de euros. Todos estos aspectos condicionan las pérdidas futuras que va a suponer el célebre rescate financiero. En definitiva, una caja de sorpresas que amenaza con transformarse en un verdadero pozo sin fondo.
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