La condición de Aena como sociedad cotizada le está permitiendo al gestor aeroportuario un especial trato de favor en sus relaciones con el Estado. De otro modo no se entiende que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) haya autorizado la congelación de las tarifas que la empresa solicitó de cara al 2019 cuando el mismo regulador señala en su informe oficial que Aena obtuvo el pasado año un superávit tarifario de 3o7,8 millones de euros. Dicha cifra es la que se obtiene de restar a los ingresos totales generado en el año, que fueron 2.598,5 millones de euros, el importe de los ingresos regulados requeridos, que ascendieron a 2.290,7 millones.
La compañía que preside Maurici Lucena viene disfrutando de una situación equivalente desde que salió a bolsa, e incluso antes. No en vano, en 2016 el superávit tarifario fue de 531,2 millones de euros y en el transcurso del periodo comprendido entre 2014 y 2017 el excedente generado gracias a la retribución de las actividades reguladas que paga el Estado ha ascendido en números redondos a 1.400 millones de euros. Estos datos son el mejor modo de explicar la evolución vertiginosa que ha protagonizado la compañía desde su estreno bursátil a 58 euros por acción en febrero de 2015. Al cierre de ayer Aena cotizaba a 138,45 euros.
El superávit tarifario obtenido el pasado ejercicio tiene 'especial mérito' si se observa que Aena tuvo que asumir en 2017 un coste de capital del 6,98%, lo que supone un incremento del 38% sobre 2016. Este ratio es un elemento esencial en la fijación de las tarifas que luego cobra la empresa a las compañías aéreas. En consecuencia con el citado coste medio ponderado de capital (WACC por sus siglas en inglés) el coste por pasajero se situó en 9,2 euros en 2017 frente a los 8,5 euros contabilizados en el ejercicio precedente.
Una de las principales diferencias que recoge el informe de la CNMC con respecto a la evolución de Aena en 2017 reside en que el año pasado entró en vigor el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y con dicho motivo no se recogió el ajuste de costes que el propio organismo regulador efectuó en 2016 por un importe de casi 42 millones de euros. Esta circunstancia pone de relieve que el DORA actúa como una especie de contrato-programa asegurando a la empresa que gestiona los 46 aeropuertos y dos helipuertos de la red pública lo más parecido a una subvención por las actividades reguladas.
La CNMC ha tratado durante todos estos años de dejar en evidencia los modelos de gestión de Aena con el fin de abaratar el coste que la empresa supone para el Estado. El organismo regulador consiguió salirse inicialmente con la suya y garantizar una bajada global de las tarifas aeroportuarias del 11% para el periodo comprendido entre 2017 y 2021. Aena ha asegurado que este recorte de la tasas que cobra a las compañías aéreas se aplicará a rajatabla en el conjunto del próximo lustro pero se ha descolgado para el próximos año con un esquema tarifario que le va a permitir la congelación de los precios durante 2019.
El sector del turismo como telón de fondo
El organismo regulador que preside José María Marín Quemada no ha querido generar esta vez una controversia que podría haber afectado a la evolución en bolsa y se ha allanado ante la petición efectuada por el consejo de administración de Aena el pasado mes de julio. La CNMC pretende que la compañía facilite los precios más competitivos que permitan abaratar el coste del billete de avión para los ciudadanos. Aena justifica su gestión con un pay-out del 80% o, lo que es igual, con la promesa de que cuatro quintas partes de su beneficio serán destinados a los accionistas.
La condición de empresa pública en la que el Estado participa con un 51% convierte a Aena en una 'gallina de huevos de oro' para la Hacienda pública. El debate consiste en discernir si no sería mejor que la empresa ganase un poco menos a cambio de impulsar una política comercial más atractiva para los usuarios dentro de una industria que, como el turismo, constituye el principal motor de crecimiento económico.
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