Las centrales que funcionan con gas (centrales térmicas de ciclos combinados, CTCC) se utilizan poco pero cobran por estar disponibles. Lo hacen por dos vías: por disponibilidad y como incentivo a la inversión. En el año 2013, las ayudas a la inversión se redujeron a menos de la mitad, de 28.000 euros MW/año a 10.000 Euros MW/año. A cambio, se duplicó el periodo durante el cual podrían cobrarlas.
Pero el tiempo vuela y las centrales van a ir perdiendo en los próximos años, hasta 2029 y de forma progresiva unas ayudas estimadas en alrededor de 250 millones anuales. La pérdida de ingresos está detrás de la pelea entre el Ministerio de Energía y las empresas con más gas: Gas Natural (7.000 MW en ciclos combinados) e Iberdrola (5.700 MW).
En España, como en Europa, hay en estos momentos una pugna entre las empresas que apuestan por el gas y contra el carbón y las que defienden al carbón como fuente de energía barata y aún indispensable. En España, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, se ha alineado con el carbón y la energía nuclear.
Responsabilidad patrimonial
La batalla por el futuro de las instalaciones de gas (ver gráfico) no es nueva. En 2016, Gas Natural Fenosa ya reclamó al Gobierno 400 millones en concepto de responsabilidad patrimonial por la expulsión de sus centrales del sistema a partir de 2009. Según el último informe de Red Eléctrica de España (REE), los ciclos combinados representaron en 2016 el 10,5% de la generación peninsular, con un coeficiente de utilización del 13%. Una ruina que se sostiene con apoyos.
Por eso, en el marco del XIX Encuentro Especializado del Sector Gasista Español, celebrado en noviembre, el presidente de la patronal del gas, Sedigas, Antoni Peris, descubrió los naipes. Pidió que los pagos por capacidad de los ciclos combinados sean sean "adecuados" por su "función clave" . Peris dijo más. Pidió un mecanismo que permita el cierre de las centrales cuando no sean viables económicamente ni jueguen un papel determinante en la seguridad del suministro.
A las empresas, las cuentas no les salen. Animadas, según dicen, por el Gobierno de turno, se lanzaron en el año 2002 a construir centrales de gas. Nada les obligaba a hacerlo. La planificación energética era simplemente "indicativa". Pero en plena vorágine de crecimiento, la demanda parecía inacabable.
Fallan los cálculos
Fallaron los cálculos y los más de 25.000 MW de potencia instalada en ciclos combinados, la cuarta parte del total, se han quedado como simple respaldo para el sistema. Son 34 centrales, 67 grupos y 13.100 millones invertidos, convertidos en una carga. Han sido víctimas del rápido crecimiento de las energías renovables a partir de 2011 y también de la evolución negativa de la demanda de electricidad debido a la crisis. A más problemas, más presión y más pelea.
El enfrentamiento es abierto. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, atribuyó en el Congreso a intereses empresariales la petición de cierre de centrales de carbón. Una forma, explicó, de rentabilizar centrales de gas infrautilizadas. En plena batalla, Nadal aseguró que por esos mismos intereses empresariales, había compañías que han solicitado no sólo el cierre de centrales de carbón, sino también el cierre de centrales de gas. Algo que han negado las empresas.
En la pelea cuajada de intereses, el Ministerio de Energía ha esgrimido como arma un borrador de decreto -en proceso de información en la CNMC- que amplía las causas por las que el Gobierno puede denegar el cierre de una instalación de generación eléctrica.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios