El fiscal encargado de investigar la denuncia por la sustitución inadecuada de 28 millones de contadores eléctricos se llama Juan Aguirre Seoane. Trabaja en la Fiscalía Provincial de A Coruña. La polémica en torno a los aparatos de medida, sus funciones, su precio y su gestión por las grandes compañías le es familiar. El Ministerio Fiscal presentó una demanda colectiva contra Unión Fenosa Distribución y Gas Natural cuando aún no estaban unidas en la marca Naturgy. En noviembre de 2018, Aguirre Seoane las acusó en el Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña de "práctica ilícita y abusiva" por no medir el consumo real de los contadores de algunos clientes y emitir facturas en base a estimaciones pese a contar con contadores "inteligentes" y pagar por su alquiler.
La maquinaria está en marcha. La Fiscalía General del Estado admitió en marzo una denuncia de la Plataforma Queremos Auditoría Energética (QAE) por el desarrollo inadecuado, por parte del Estado español, de la Directiva 2012/27/ UE de eficiencia energética que impulsó, entre otras medidas, el cambio de contadores. Según los denunciantes, el Estado y las empresas han convertido la sustitución de la totalidad del parque de contadores en 2018 en una obligación, cuando las normas comunitarias no lo hacen. Además, cuestionan las formas con las que las empresas han llevado a cabo el proceso.
Las diligencias preprocesales (1/2019) han llegado a la Fiscalía Provincial de A Coruña y al fiscal Aguirre Seoane. Este tiene que decidir si actúa por vía civil, por vía penal, por ambas o si, por el contrario, desestima la denuncia. La primera decisión ha sido pedir aclaraciones a la plataforma denunciante, según detalla un escrito de fecha 13 de junio del Fiscal de la Sala de la Sección de lo Civil, José María Paz Rubio.
Primer informe
El primer informe-propuesta de la Fiscalía Provincial de A Coruña hace un repaso de los antecedentes y los fundamentos de derecho en los que se apoya el escrito denuncia para solicitar aclaraciones añadidas antes de decidir nuevas actuaciones. Pero en uno de los puntos finales del informe, el fiscal admite algo importante: que la Fiscalía ya detectó en el pasado "deficiencias en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contadores inteligentes".
La Fiscalía Provincial añade que "por ello, formuló una demanda colectiva contra dos empresas [son las antiguas Gas Natural y Unión Fenosa], dedicadas a la distribución y a la comercialización de electricidad, que actualmente se encuentra pendiente de sentencia en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña". "El motivo de la demanda -prosigue el informe- era, entre otros, la emisión de facturas que incluían consumo de electricidad calculados mediante estimación a clientes que ya disponían de contadores inteligentes, y a los que se les cobraba el alquiler del contador a pesar de que no se habían tenido en cuenta los datos de consumo real."
En la vista del juicio, que se celebró a finales de año, Aguirre Seoane, explicó que las facturaciones aplicadas por las empresas demandadas suponían una "práctica ilícita y abusiva". El fiscal solicitó por ello un requerimiento para que las empresas informaran al Juzgado de las medidas adoptadas para ponerle fin y no repetir esta práctica. En el juicio, los responsables de la empresa atribuyeron los problemas en la lectura de los contadores a incidencias informáticas en los aparatos. La compañía destaca que los problemas, en el peor de los supuestos, afectarían al 1% o el 2% de los contadores sustituidos en Galicia, en torno a un millón.
Según los denunciantes de QAE, las eléctricas han cambiado los aparatos sin informar adecuadamente a los clientes, excediéndose sobre lo dispuesto en la normativa comunitaria y cuando todavía no se ha incorporado a la legislación nacional la Directiva de Eficiencia Energética. La denuncia hace hincapié en que la legislación comunitaria (Directiva 2012/27/UE) establece que los contadores, además de tener un precio competitivo, deben reflejar exactamente el consumo real de energía del cliente final y dar información sobre el tiempo real de uso.
Falta de información
En opinión de los denunciantes, las empresas no se ajustan a las normas comunitarias porque "instalan los nuevos contadores sin ningún tipo de información al cliente". En algunos casos, añaden, lo hacen en horario nocturno y amenazando con cortes en el suministro si el usuario se opone al cambio. La plataforma explica que ha conseguido mantener 2.500 aparatos analógicos sin cambiar mediante el envío-advertencia de burofax-notarial a la compañía afectada.
La denuncia plantea también como irregularidades la sustitución de aparatos sin que esté presente el usuario y la falta de firma en documentación relativa a la protección de datos. Ninguno de estos puntos preocupa a las compañías eléctricas. La asociación que las agrupa, Aelec, sostiene que los nuevos contadores se ajustan a la normativa en vigor; cumplen con la Ley de Protección de Datos; se ajustan a lo dispuesto al decreto de autoconsumo (244/219); facilitan la medida horaria exacta y facilitan también el acceso de los usuarios a toda su información "a través de las webs y apps que los distribuidores ponen a disposición de todos los clientes".
Pese a las denuncias sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de sustitución, tanto las empresas como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) dan prácticamente por cerrado el plan de sustitución. Quedan únicamente algunas zonas en Cataluña y en Galicia para completar los cambios. España ha sido el quinto país de la UE que ha completado la modernización del parque de contadores. Según los planes que se esbozaron en 2007, lo debería haber hecho en 2017, pero la renovación sufrió retrasos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios