Se avecinan tiempos convulsos en Apple. Por un lado, la compañía de la manzana mordida ha tenido que rebajar sus pretensiones de ventas para el iPhone X que, pese a superar con creces las expectativas en el periodo de preventa, se han atascado desde su llegada a las tiendas por su exagerado precio (desde 1.159 euros en España). También, al menos en España, se enfrenta a una queja de Facua en relación a la garantía del iPhone 8, que "no cubre los daños producidos por líquidos" pese a que el terminal se anuncia como "resistente a las salpicaduras y el agua". Sin embargo y como es lógico, ninguna de estas dos es la principal preocupación de Apple en la recta final de 2017.
Y es que en las últimas semanas, Cupertino se ha enfrentado a una serie de demandas (que se conozcan, nueve) individuales y colectivas en los tribunales federales de Estados Unidos. El motivo no es otro que la ralentización que de un tiempo a esta parte vienen experimentando algunos terminales iPhone, y de los que Apple entonó el mea culpa a mediados de diciembre. La compañía reconoció que en 2016 había lanzado una actualización para iPhone 6, iPhone 6s y iPhone SE que, según el comunicado, "suaviza las cargas de trabajo cuando es necesario, para así evitar que el dispositivo se apague inesperadamente". Es decir, que el teléfono funciona más lentamente. La necesidad de este software se explica porque algunas baterías defectuosas no eran capaces de soportar la velocidad de procesamiento del móvil.
Se desconoce el número exacto de afectados por el problema, pero podrían ser millones sólo en Estados Unidos, aunque también ha presentado denuncia un usuario de Israel. Dos son los principales argumentos que esgrimen los demandantes ante Apple: acusan a la compañía de fraude por las baterías y de tratar de taparlo después con una actualización acerca de la que no se publicó suficiente información. Algunos de los damnificados se quejan de que, desconociendo que la ralentización de su iPhone respondía a la actualización del software y que la solución pasaba por un simple cambio de batería, compraron un nuevo teléfono. Estos son quienes reclaman una mayor indemnización, mientras que los menos se conforman con que se les sustituya la batería de forma gratuita.
Los antecedentes están, como suele ser habitual en Estados Unidos, de parte del consumidor. Una de las demandas colectivas, puesta en San Francisco, está a cargo del abogado Jeffrey Fazio, experto en litigios contra la compañía de la manzana mordida. "En lugar de curar el defecto de la batería al proporcionar un reemplazo gratuito para todos los iPhones afectados, Apple intentó enmascarar el defecto", redacta el letrado, que ya en 2013 consiguió cerrar un acuerdo con la empresa para compensar con 53 millones de dólares a los cientos de miles afectados por unas irregularidades en el manejo de las garantías. Apple se había negado a reemplazar aquellos iPhone y iPod Touch en los que la cinta blanca que indica si el terminal se ha mojado o no, se hubiera rosado; pero el fabricante del componente, 3M, aseguró que los simples efectos de la humedad también influían decisivamente en el cambio de color.
En España no se indemniza según el tamaño de la empresa
"En España sería cuanto menos una utopía reclamar indemnizaciones así", sostiene Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Y es que, a su juicio, se necesitaría una mayor intervención de los Gobiernos autonómicos y central para defender al consumidor: "Habría que tener autoridades más comprometidas, que ordenasen un informe pericial que plantease actividades fraudulentas a Consumo". En el caso concreto de Apple, lo que se debería hacer es "determinar la intención de obsolescencia programada".
Desde el punto de vista jurídico, no está tan claro que en España sea tan sencillo exigir cantidades millonarias. "Aquí el límite de indemnización es el enriquecimiento injusto", recuerda Inmaculada Carrillo, responsable del departamento jurídico de Legalitas. "Podría reclamarse la batería o en su defecto un móvil nuevo, aunque en este caso habría que descontarle la pérdida de valor del teléfono antiguo, ya usado durante años, y quizás se le podría añadir una compensación por perjuicios", añade la abogada. En Estados Unidos, en cambio, las indemnizaciones van acordes al tamaño de la empresa demandada, y por ahí se explican las desorbitadas cantidades que los afectados exigen a Apple.
Carrillo aclara también que en España (en Europa en realidad), no sería correcto hablar de iPhones defectuosos en casos como este. "La definición de defectuoso implica que pueda causar un daño al usuario, que no ofrezca seguridad", como podría ocurrir en un juguete para niños, por ejemplo. Además, habría que diferenciar a los afectados por Apple entre aquellos que compraron su móvil antes de 2015 o los que lo hicieron más adelante. "Los dos primeros años habría que reclamar sobre la Ley de Garantías; después se aplicaría la garantía civil por incumplimiento de contrato", cuenta la experta jurídica. Ahí, añade, "habría que demostrar que es cierto, bien con un informe pericial, bien presentando impresas las declaraciones de Apple en las que reconoce las irregularidades".
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