El Gobierno apoyará la fusión si ofrece estabilidad y permite reponer las ayudas

El Gobierno no ve con malos ojos la fusión de Caixa y Bankia, siempre que aporte estabilidad al sector financiero y permita maximizar la participación del Estado en la entidad intervenida, de forma que se puedan recuperar las ayudas que en su día se aportaron para su salvación. Así lo aseguran fuentes del Ministerio de Economía, que han encargado al FROB el análisis de la operación, para que compruebe la perspectiva de generación de valor que ofrece el nuevo grupo y las opciones que con ello hay de reponer los 22.400 millones que se pusieron para su rescate. 

Como no puede ser de otra manera, desde Economía aseguran que el objetivo que se tiene en este caso, con una participación pública del 62% en Bankia, es proteger el interés general de los ciudadanos, con cuyo dinero se salvó la entidad en la anterior crisis financiera, y eso solo se conseguirá si el proyecto en marcha permite "maximizar el valor de la participación pública". Economía asegura que, de la misma manera que el FROB analiza y vigila el mercado de cara a una posible operación con Bankia, desde el Ministerio se tiene un contacto permanente con las principales entidades financieras del país, de forma que la operación no les ha pillado por sorpresa. 

Aún así, hace apenas dos días, la vicepresidenta Nadia Calviño había advertido que la venta de su mayoría en Bankia estaba más alejada que nunca, dado que un simple enajenación supondría no recuperar ni siquiera la cuarta parte de la inversión realizada (apenas 5.400 millones de euros, de los más de 22.400 invertidos en dinero público). Pero la situación cambia ante un proceso de integración como el que se plantea, en el que esa participación pública, aunque se quede en el 14% del total, estaría en el seno del primer grupo financiero español, con unos activos de más de 650.000 millones de euros (tres veces la actual Bankia), 6.500 sucursales y unos 50.000 trabajadores.

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La clave política de las ayudas

Una de las grandes cuestiones que la operación conlleva desde el punto de vista político es la necesidad de que el dinero público que se puso para sacar a Bankia de la bancarrota se recupere ahora. De hecho, esa es una de las constantes reivindicaciones que hacen los socios de Gobierno de Sánchez, de Unidas Podemos, que llegaron a plantear en Moncloa la opción de nacionalizar la entidad y utilizarla como una banca pública financiadora de los planes de inversión y financiación institucionales. 

La posibilidad de nacionalización ha perdido fuerza en este momento, sobre todo a la vista de que ese papel financiador y avalista de las políticas públicas lo está ejecutando con buen resultado el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de forma que para la parte pública de Bankia se reservaba la única vía de la venta, si bien cuando el mercado ofreciera mejores opciones de valor que las que ahora tiene.