Preservar el normal funcionamiento de los flujos comerciales y los intereses económicos entre España y el Reino Unido y garantizar los intereses de los españoles en ese país son dos de los objetivos del real decreto ley aprobado hoy por el Gobierno para minimizar los efectos de un Brexit sin acuerdo.
Este decreto hace especialmente hincapié en materia de derechos de los ciudadanos y de comercio y finanzas, y exige la reciprocidad de la autoridades británicas. Se trata de un conjunto de medidas en cuya elaboración han participado 14 ministerios y define medidas de carácter temporal dirigidas a facilitar el paso del Reino Unido de miembro de la UE a tercer Estado.
El primer objetivo de estas medidas es preservar los intereses de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido y de los en torno a 300.000 ciudadanos británicos residentes en España. El decreto ley contempla de manera específica los derechos de los ciudadanos españoles que trabajan en Gibraltar con el objetivo de que el Brexit les perjudique lo menos posible, ha subrayado el Gobierno.
El segundo objetivo es preservar el normal funcionamiento de los flujos comerciales y los intereses económicos entre España y el Reino Unido. El preámbulo de la norma establece que el mantenimiento en el tiempo de muchas de las medidas adoptadas "se supedita al otorgamiento de un tratamiento recíproco", un extremo que ocupa buena parte del capítulo I del decreto ley y se reitera una y otra vez a lo largo de todo el documento.
La exigencia de reciprocidad también está especificada en el capítulo primero, en el que se subraya que todas las medidas serán suspendidas si, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del decreto ley, las autoridades británicas no hubieran aprobado medidas similares en beneficio de los ciudadanos españoles residentes en el Reino Unido.
El real decreto incluye también asuntos como la Seguridad Social (pensiones, desempleo...), asistencia sanitaria, permisos de residencia y trabajo, el reconocimiento de cualificaciones educativas y profesionales, la posibilidad de competir por y ejercer un puesto de trabajo público o ser funcionario público.
También se incluyen medidas para garantizar la continuidad de los contratos de los servicios financieros, establecer las nuevas condiciones aduaneras y regular la situación de los operadores económicos. El decreto también establece las condiciones de validez de permisos de conducir, de tenencia y comercio de armas o material de Defensa y detalla disposiciones en materia de transporte terrestre de viajeros y de mercancías.
También regula la cooperación policial y judicial y los servicios aeroportuarios y prevé la consideración del Reino Unido como destino internacional.
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