El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado la resolución para convocar la primera subasta de renovables el próximo 26 de enero. La convocatoria establece un cupo objetivo de 3.000 MW, de los cuales al menos 1.000 MW serán fotovoltaicos y otros 1.000 MW de eólica terrestre. El inicio del calendario de subastas, según el ministerio, resulta indispensable para cumplir con los objetivos de descarbonización asumidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que prevé la instalación de 60 GW renovables en la próxima década.
La subasta, que intenta garantizar una rentabilidad suficiente como favorecer las inversiones en proyectos de energía limpia, es uno de los hitos que esperan las empresas del sector energético -petroleras incluidas- para decidir sus estrategias en los próximos años. Las últimas subastas celebradas en España se hicieron en los años 2016 y 2017, con el Gobierno del PP. El proceso generó un sinfín de operaciones de compra-venta de activos y operaciones especulativas que ahora se tratan de evitar.
La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha explicado en la Comisión de Presupuestos del Congreso que las subastas se llevarán a cabo "con procesos garantistas y asumiendo que tenemos que conservar nuestro patrimonio natural y respetarlo en el reto del cambio climático". El pasado fin de semana, el Gobierno ya publicó la orden ministerial que regula el primer mecanismo de subasta de energía renovable con el nuevo marco retributivo, lo que permitirá poner en marcha el calendario de subastas para los próximos cinco años. Quedaba pendiente la resolución que se publicará mañana.
En general, el proceso de subastas ha sido bien acogido en el sector energético aunque las grandes compañías eléctricas -Endesa e Iberdrola- han manifestado públicamente que no las consideran necesarias. No obstante, ambas han precisado que sí participarán en el proceso. En la subasta podrán participar las instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.
El plazo máximo de entrega de la energía comprometida en la subasta será de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos. Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).
La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.
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