La Secretaría de Estado de Energía está ajustando los últimos flecos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que debe ser presentado a la Comisión Europea antes de finales de año y que definirá por primera vez en España la senda de cierres graduales de los siete reactores nucleares que todavía están funcionando en nuestro país. El horizonte para culminar el proceso de desmantelamiento se extenderá durante varios lustros pero la intención del Gobierno consiste en no alargar la vida útil de las centrales nucleares que ahora está fijada en 40 años.
De acuerdo con este criterio de planificación todas las instalaciones serán cerradas a partir de 2023 y antes de que termine 2028. Este escenario contraviene la opinión del grupo de expertos designado por el anterior Gobierno del Partido Popular que recomendó una ampliación de la vida útil para mantener la actual potencia nuclear instalada hasta el año 2030. Fuentes oficiales aseguran que las conclusiones del comité de sabios nombrado a instancia del anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, “están a día de hoy totalmente descartadas”.
La posición del departamento que dirige Teresa Ribera no hace sino poner negro sobre blanco la posición manifestada el pasado mes de abril por el entonces responsable de medio ambiente del PSOE, Hugo Morán, y actual titular en la Secretaría de Estado del mismo nombre. En otras palabras, el Gobierno está primando claramente los objetivos de desarrollo sostenible por encima de los criterios energéticos que apuntan un coste de entre 2.000 y 3.000 millones de euros anules como consecuencia del cierre estricto de las centrales nucleares.
El principal argumento técnico que sirve de apoyo a los planteamientos políticos con que trabajan los responsables ministeriales se centra en “evitar incertidumbres en el mercado energético”. El Gobierno pretende trasladar un mensaje inequívoco a los agentes empresariales a fin de asegurar un sistema confiable de inversiones con una orientación a otras tecnologías alternativas de producción eléctrica, como son principalmente la energía fotovoltaica y eólica. El objetivo es disponer de entre 50.000 a 60.000 megavatios de nueva potencia renovable para el año 2030, lo que supondrá una movilización de recursos del orden de los 100.000 millones de euros.
El principal caballo de batalla en el programa de cierres nucleares es ahora la central de Almaraz, en Extremadura, que entró en operación el año 1983. El futuro de los dos reactores de esta instalación ha puesto de manifiesto las discrepancias entre Iberdrola y Endesa. La compañía que preside Ignacio Galán está plenamente identificada con la estrategia del Gobierno socialista mientras que la filial española de la italiana Enel se inclina por ampliar en diez años más la actividad: “Las centrales son complejas en su accionariado y no todas las compañías tienen los mismos objetivos de cierre”, aseguran los citados medios oficiales.
El Gobierno tiene clara la hoja de ruta, pero tampoco quiere abrir la caja de Pandora con un asunto de especial sensibilidad social pero que también genera enormes suspicacias en medios empresariales. La conveniencia política de enarbolar el fin de la energía nuclear como bandera electoral está fuera de toda duda, pero lo ideal sería apadrinar la decisión con el respaldo de los distintos agentes interesados. De ahí la conveniencia de vincular el proceso escalonado de cierres inmediatos con los desmantelamientos progresivos a más largo plazo de los siete reactores existentes en España.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima incluirá además una reducción del 20% de las emisiones de CO2 con respecto al año 1990. En la actualidad el dato no es ciertamente favorable por cuanto que España está un 18% por encima de dicha referencia. El objetivo central pasa por reducir un tercio de todas las emisiones de aquí a 2030, año en el que un 70% de toda la producción eléctrica deberá proceder de fuentes renovables. En resumidas cuentas, ésta es la piedra angular de la Transición Ecológica que da nombre en España a la nueva política energética.
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