Los representantes del Gobierno presentes en la mesa de negociación sobre el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña siguen insistiendo a la empresa y a los sindicatos para que alcancen un acuerdo que logre mantener la carga de trabajo y la actividad en las fábricas afectadas.
Según han señalado fuentes de la Secretaría General de Industria y de la Pyme a Europa Press, el objetivo principal del Gobierno sigue siendo "garantizar los puestos de trabajo y las capacidades industriales" de las plantas de la multinacional estadounidense.
Al mismo tiempo, han vuelto a reiterar que el Ejecutivo no contempla la nacionalización de estas plantas, al considerarla una solución "contraria a la normativa europea", en la misma línea en la que ya se pronunció hace unas semanas la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, cuando zanjó el tema diciendo que España no es una economía "estatalizada" ni se encuentra en un régimen "comunista".
Sin embargo, este jueves la empresa planteó la posibilidad de mantener la carga de trabajo en las fundiciones para unas 200 personas, mientras que el resto sería despedido mediante planes de indemnización o prejubilaciones, al mismo tiempo que manifestó su compromiso de apagar ordenadamente las líneas de electrólisis con el fin de que un inversor pueda reactivarlas, pero poniendo como fecha límite el próximo 30 de junio.
La comisión negociadora en representación de los trabajadores, por su parte, rechazó estas propuestas al considerar que no ofrecían "ninguna posibilidad de continuar con las fábricas" y reprochó a la empresa no mostrar "el menor síntoma de interés".
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