Era un secreto a voces. Y, finalmente, el Gobierno lo ha formalizado. El Ministerio de Asuntos Económicos ha aplazado la fecha final de la subasta del espectro de las redes ultrarrápidas 5G por la crisis del coronavirus. "Con el fin de facilitar el esfuerzo adicional que están realizando las operadoras", apunta el departamento liderado por Nadia Calviño, que ha comunicado a la Comisión Europea esta decisión en base a la "situación de excepcionalidad" que se vive hoy.
El primer paso ha sido el aplazamiento 'sine die' del llamado Segundo Dividendo Digital, es decir, el proceso por el cual se libera el espectro radioeléctrico de la banda de 700Mhz, hoy ocupado por los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT). Tenía como fecha límite el 30 de junio de 2020.
Esa decisión, que viene impuesta por el mandato de la Unión Europea (UE), tenía prevista la causa de fuerza mayor para el aplazamiento. "La nueva fecha se determinará en función de cuándo finalicen las medidas de contención adoptadas para hacer frente al Covid-19", ha apuntado el Ejecutivo en la comunicación formal a la Comisión. "Será el mínimo imprescindible para completar el proceso", apostilla.
La consecuencia de esta medida es clara: no se llevará a cabo la subasta de la banda de frecuencias entre las operadoras de telecomunicaciones para el despliegue de las redes 5G. Éstas no podrán tener a su disposición ese espectro en la fecha prevista, por lo que el Gobierno ha decidido no celebrar por el momento las pujas. "Los operadores están realizando un esfuerzo adicional para afrontar la crisis ocasionada por el Covid-19 y mantener a las empresas y a las empresas conectadas", apunta el Ministerio.
España no es una excepción en Europa. El aplazamiento de las licitaciones es una decisión adoptada en los últimos días por otros países de la UE como Francia, Austria y Portugal. "Es un aplazamiento, que no una suspensión", advierte.
Una inversión millonaria... pospuesta
Las medidas adoptadas tras este retraso tiene por objeto mantener con normalidad la emisión de la TDT en España. Por tanto, se dejan sin cambios las emisiones simultáneas a través de las frecuencias nuevas y las antiguas. A esto se suma la suspensión de las actuaciones de cambios directos del canal radioeléctrico. Todo ello, con el fin de "garantizar, en este momento de emergencia sanitaria, la recepción del servicio de televisión digital a los ciudadanos".
En un primer momento, todas las previsiones del sector hablaban de una subasta que implicaría el pago de una cantidad de, al menos, cuatro cifras por parte de las operadoras para disfrutar de ese espectro. La anterior puja, que tuvo lugar en 2018, permitió una recaudación para las arcas del Estado de 438 millones de euros (cuatro veces el precio de salida), junto los intereses del aplazamiento del pago y la tasa por reserva de espectro. Entre todos sumaron algo más de 1.400 millones. Sólo duró seis jornadas: Vodafone pagó 198 millones; Orange, 132 millones, y Telefónica, 107.
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