La secular disputa entre el Gobierno y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sobre el control de los precios de la luz ha entrado en su recta final sin que todavía existe certeza sobre un rápido acuerdo. El Ministerio de Transición Ecológica está por la labor de buscar una solución salomónica o de compromiso, pero no termina de ceder el control de los peajes eléctricos, que, a la postre, son el eje sobre el que gira la política energética en el mercado eléctrico. El organismo que preside José María Marín Quemada lleva años reclamando esta competencia funcional siguiendo la doctrina de la Comisión Europea que, de momento, España se ha resistido a incorporar dentro del ordenamiento jurídico nacional.
La CNMC se las tuvo tiesas con el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, pero ahora las cosas han cambiado porque la llegada al poder del PSOE ha facilitado curiosamente un cierto entendimiento entre su sucesora, Teresa Ribera, y la entidad encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados que, no se olvide, fue creada por el Gobierno del Partido Popular. Los observadores más suspicaces no pueden dejar de sustraerse a la relación familiar de la actual ministra y su marido, Mariano Bacigalupo, quien no en vano ocupa un sillón como consejero de la propia CNMC.
Sea como fuere, el problema ahora es más acuciante porque el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, no está dispuesto a contemplar de brazos cruzados una disputa interminable que daña la reputación y credibilidad del Gobierno de Bruselas. Algunas fuentes aseguran que Cañete fue excesivamente permisivo con su correligionario, Álvaro Nadal, quien se negó en rotundo y de manera descarada a ceder en el pulso con Marín Quemada, invocando como principio esencial que la política energética es una potestad exclusiva del Gobierno.
La tensión creada provocó que Bruselas abriera un expediente a España, por lo que Arias Cañete tiene argumentos de sobra para mantener a salvo su responsabilidad institucional, más teniendo en cuenta el cambio de Gobierno derivado de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El ex ministro del PP ha concedido también un periodo de gracia al PSOE y, en concreto a la ministra Ribera, con el fin de que los responsables del Ministerio de Transición Ecológica puedan analizar la situación con todo detalle y entablen una negociación con la CNMC que fructifique en un acuerdo antes de que acabe el año.
La Comisión Europea confía en que, en el peor de los escenarios, el Gobierno del PSOE y la CNMC alcancen un pacto transaccional que permita habilitar una solución jurídica incorporando a la normativa energética en España la transferencia efectiva de la fijación de los peajes en favor del organismo regulador. En su defecto, Bruselas denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por lo que nuestro país correría la misma suerte que Alemania. Cañete presentó en julio una demanda equivalente contra el Gobierno de Angela Merkel y ahora no le va temblará el pulso si tiene que hacer otro tanto con el de Pedro Sánchez.
La paradoja de este eventual conflicto se resume en que ahora es la CNMC la que tiene que resolver la ‘patata caliente’. Si Marín Quemada se muestra inflexible a la hora de exigir las competencias que ha reclamado hasta ahora corre el riesgo de provocar un pleito en toda regla entre España y la Comisión Europea. Todo ello cuando el presidente del regulador se encuentra en su último año de mandato, lo que teóricamente limita su capacidad de enfrentamiento con el Gobierno por muy débil que éste parezca.
Bajo estas circunstancias, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en su calidad de agente negociador en nombre del Ministerio, juega con cierta ventaja y está proponiendo una solución de compromiso en la que el regulador y el Gobierno mantengan una posición de poder equivalente y diriman sus diferencias a través de un tercero que bien puede ser el Consejo de Estado. Esta última fórmula es la que funciona en Francia pero dista bastante de las aspiraciones que tenía la CNMC en pleno fragor de la batalla con Álvaro Nadal.
El Gobierno socialista se ha mostrado más amable con el organismo regulador pero la cuestión que toca dilucidar es la misma de siempre y se resume sencillamente en determinar quién tiene la última y decisiva palabra a la ahora de fijar los precios de los peajes. Si la CNMC se calla ahora tendrá que hacerlo para siempre y habrá perdido una oportunidad única para convalidad su peso específico y su independencia ejecutiva.
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