La investigación sobre la trama del excomisario Villarejo y los navieros de la familia Perez-Maura se va a centrar en descubrir todas las implicaciones internacionales que puedan surgir sobre el caso de los supuestos sobornos que se investigan en Guatemala en la adjudicación de la gestión una nueva terminal de contenedores en Puerto Quetzal, por el que ingresó en prisión el que fuera director general del grupo español en aquel país. La presión internacional sobre este caso por un posible cohecho y la complejidad de la trama del caso Tandem han provocado cinco detenciones en Madrid y el registro de sedes de las empresas implicadas en busca de más documentos y pruebas.
Los dos hermanos Ángel y Álvaro Pérez Maura, el abogado Enrique Maestre, el empresario e intermediario Adrián de la Joya y el también naviero Francisco Javier Soucheiron fueron detenidos este miércoles por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de aclarar tanto lo que ocurrió en Guatemala entre 2012 y 2015, como el supuesto pago de hasta 10 millones de euros por parte de la empresa de los navieros al grupo del excomisario Villarejo para evitar la detención y extradición de Ángel Pérez-Maura.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que, si bien esa es la base de la investigación de unos hechos ya conocidos, de lo que se trata ahora es de saber con detalle si existió una trama internacional montada a partir de las empresas de Villarejo para hacer de lobby a favor de los Pérez-Maura, en la que pudo haber implicados más pagos y actores. Se sospecha que en la trama montada a partir de España se llegaron a contratar los servicios de varias agencias y grupos de presión en Estados Unidos, con el objetivo de bajar la campaña internacional que se estaba dando para esclarecer el caso en Guatemala y forzar a España a que extraditase a Pérez-Maura. Parte del dinero que la compañía de estos navieros habría pagado a Villarejo fue a parar a estas agencias, toda vez que el Gobierno norteamericano era uno de los grandes valedores a nivel mundial de la Comisión Nacional contra la Impunidad de Guatemala (Cigic), el organismo que exigía la extradicción.
A mediados de 2016, el excomisario llegó a tener contacto con el que fuera jefe de la campaña del propio Donald Trump en Estados Unidos, Paul Manafort, al que según las investigaciones llegó a ver hasta en tres ocasiones en un hotel céntrico de Madrid, junto a su amigo y también implicado en muchos de sus negocios, Adrian de la Joya, que debe declarar ante el juez este viernes junto a los demás detenidos. No obstante, las mismas fuentes advierten que no se ha encontrado todavía relación entre las visitas del asesor americano y el caso de Guatemala, sobre todo porque Manafort no pudo llevar a más su relación al ser detenido y encarcelado por corrupción en Estados Unidos en plena campaña electoral.
Fuentes jurídicas advierten que la extradición de Pérez-Maura se rechazó en la Audiencia por el mero hecho de que el empresario es de nacionalidad española y no estaba dispuesto a volver a Guatemala en ese contexto, algo a lo que no se le puede obligar con la legislación española en la mano al no haber un convenio de reciprocidad en este campo con aquel país.
De una forma o de otra, tanto el juez como la Fiscalía se ven ahora en la obligación de escudriñar al máximo las implicaciones que se han producido en este caso, tanto a nivel local como en el ámbito internacional. Desde Anticorrupción se ha enmarcado la operación en el cumplimiento de los compromisos asumidos por España derivados de la ratificación del Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de 1997 “que obligan a las autoridades nacionales a detectar, investigar y sancionar el cohecho internacional”, sobre todo después de que a España se le pidiera en el año 2015 un mayor nivel de cumplimiento y más efectividad en sus pesquisas.
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