El juez José de la Mata ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas, según informan fuentes jurídicas. García Pellicer permanece retenido en Reino Unido a la espera de que se tramite la euroorden.
De la Mata acuerda también prisión para José María Garrido -socio fundador del fondo de capital Weston Hill- mientras que en el caso de José María Llorente le impone cárcel eludible con el pago de una fianza de 20.000 euros. Las otras diez personas detenidas en el operativo puesto en marcha el pasado martes, quedan en libertad provisional aunque con medidas cautelares tales como retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias periódicas ante el juzgado.
Las mismas fuentes explican que el magistrado toma esta decisión tras interrogar durante todo el día de ayer a los catorce detenidos en el macrooperativo desarrollado en Madrid, La Coruña, Alicante, Murcia, Granada y Gerona. Les impone a todos ellos los delitos de organización criminal, apropiación indebida, estafa continuada, administración fraudulenta, lesiones, falsedad documental, blanqueo y alzamiento de bienes, según fuentes jurídicas.
Entre los que han quedado en libertad provisional figura Jorge Puga, exdirector de riesgos de Bankia, que fue denunciado por la entidad tras detectar que concedió de manera irregular cerca de 46 millones de euros al fondo de inversión Weston Hill, el mismo que posteriormente adquirió las clínicas iDental. Tras las pertinentes denuncias formuladas ante la Fiscalía y el Sepblac -la unidad de prevención de blanqueo de capitales- el juzgado de instrucción número 53 de Madrid incoó diligencias para investigar estos hechos si bien este asunto podría terminar derivando en este procedimiento contra la clínica 'low cost'.
Tras dedicar más de medio año de instrucción principalmente a coordinarse con comunidades autónomas e investigadores debido al volumen de la estafa y el gran número de afectados, ahora el juez centra la investigación en el entramado societario de los cabecillas de este fraude. De ahí que el martes asestara un duro golpe a los líderes de la franquicia al desmantelar compleja estructura creada con la que consiguieron fondos a través de empresas en crisis. Se estima que la cuantía de lo defraudado podría superar los 60 millones de euros.
Complejo entramado societario tras esta 'low cost'
El operativo, desarrollado de madrugada por los agentes de la UDEF, se puso en marcha ante la sospecha de que los acusados por el fraude de estas cadenas dentales captaban fondos de inversores internacionales y entidades de crédito con la aparente intención de comprar y reflotar empresas en crisis, si bien en realidad lo que hacían era vaciarlas y desviar todos esos fondos a sus propias arcas.
En algunos casos, los detenidos contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito que se encargaban de conceder los préstamos necesarios para realizar las inversiones. Los miembros de la organización descapitalizaban progresivamente las empresas y, a través de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, ocultaban el destino final del dinero. De hecho, en el caso de Antonio Javier García Pellicer, su detención se produjo en Reino Unido porque se había trasladado hasta allí con la intención de ampliar este negocio fraudulento.
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