El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar al presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, a su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, y a otras 14 personas físicas por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015.
El auto, que también se dirige contra Urbas en calidad de persona jurídica, pone fin a la instrucción -iniciada en 2017 a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción- sobre las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias.
Según explica el magistrado, la ampliación tenía como objetivo absorber a Aldira, una sociedad de "nueva creación titular de inmuebles adquiridos poco tiempo antes mediante aportaciones por otras sociedades" a través de una "adquisición inversa de combinaciones de negocio".
En este proceso, "una parte significativa de los inmuebles fueron tasados por una sociedad" vinculada, y un "porcentaje superior al 70% de las nuevas acciones de Urbas correspondían a entidades vinculadas a los administradores".
En uno de los informes emitidos por el Consejo de Administración de cara a la ampliación de capital, prosigue Calama, se analizaba la situación de las sociedades integradas en Aldira, expresando "unas plusvalías no ajustadas a la realidad e injustificadas, que desvirtuaban completamente el sentido de la operación".
"Ciertamente el engaño es el nervio y alma de la infracción", apunta el magistrado, que ve indicios de delito en la estrecha vinculación entre las mercantiles con carácter previo a su integración, ya que los accionistas mayoritarios de ambas son "las mismas personas".
Tanto es así que muchos de los administradores que firman las cuentas anuales de Urbas de 2014 están vinculados con las sociedades aportantes a Aldira. De hecho, desde el mismo momento de su constitución, Aldira estuvo "total y permanentemente vinculada" a los socios mayoritarios y administradores de Urbas, que figura como administradora única desde el 24 de abril de 2015.
Ello se une la "grosera sobrevaloración" de los inmuebles contenida tanto en los informes emitidos por el Consejo de Administración de Urbas como de la firma asesora Grant Thorton, contra la que también se dirige el procedimiento.
A tenor del auto, los tasadores habrían otorgado a los inmuebles "valores fundados en hipótesis irrazonables y cálculos inexactos"; además, los valoraron "a precios manifiestamente diferentes en momentos, muy próximos en el tiempo (tres meses)".
Asimismo, "la mayoría de los informes de tasación de los inmuebles integrados en Urbas se encontraban caducados en el momento de emitir el informe".
Para Calama, los informes se expidieron "con conocimiento de que contenían una ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira, y por tanto, conllevando un engaño hacia los accionistas de Urbas, obteniendo a través de estos actos mendaces el voto favorable de los socios a la propuesta de ampliación".
Dicha irregularidad habría servido además para justificar "falazmente" la posterior puesta en circulación de las acciones creadas "engañando a los futuros compradores sobre su verdadero valor".
La ampliación también generaba "un evidente perjuicio a todos los socios que no tuvieran participación en Aldira", ya que diluía su participación en Urbas un 10.785 %, según el borrador de la nota de valores remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Del mismo modo, Calama investiga la presunta venta irregular de cuatro fincas a Urbas por valor de 11,2 millones de euros, el mismo día que habían sido adquiridas por terceros por 562.240 euros, una operación en la que la mercantil resultó perjudicada en más de 10 millones de euros.
Además de al entonces presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, y del que fuera su "número dos", actualmente al frente de la compañía, Juan Antonio Acedo, el auto afecta a otras catorce personas físicas y siete jurídicas.
Al margen de la operación objeto de investigación, Urbas acordó en julio de 2019 una nueva ampliación de capital, esta vez mediante la capitalización de deuda por un importe total de hasta 39 millones de euros.
