El caso Urbas, la investigación por estafa, delito contra el mercado y administración desleal por la ampliación de capital presuntamente fraudulenta del grupo inmobiliario, afronta su prueba definitiva. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el instructor del caso, ha encargado una tasación oficial de los inmuebles de Aldira Inversiones Inmobiliarias SL, la compañía adquirida para esa operación que aportó fincas cuya valoración, según la Fiscalía Anticorrupción, fue significativamente inflada. En Aldira tenían participación los principales miembros del consejo de Urbas, según la investigación.
Andreu mantiene imputado al presidente de la compañía, Juan Antonio Ibáñez, junto a otros nueve directivos y a Alfredo González de Olmo, el socio de Grant Thornton que avaló la ampliación como experto independiente. El incremento de capital, aprobado el 10 de julio de 2015, y valorado en 384,4 millones de euros se llevó a cabo mediante la adquisición del 100% del capital de Aldira, cuyos activos inmobiliarios fueron valorados por el propio consejo de administración de Urbas, valoración que avaló González del Olmo.
Tanto la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) aportaron a la investigación sendos informes en los que mantienen que el valor de los inmuebles de Aldira se infló con el único propósito de lucrar a los principales directivos de la compañía, ahora imputados. Según esos organismos, las valoraciones de Urbas fueron “completamente irracionales y opuestas a la verdad”. El documento que sirvió para justificar la ampliación tuvo “como única finalidad justificar la ampliación de capital con pleno conocimiento del engaño”.
La versión de Urbas
Urbas por su parte mantiene que la ampliación “se llevó a cabo cumpliendo para ello todos y cada uno de los requisitos” legales y las tasaciones las hicieron “expertos debidamente habilitados”. Sus gestores aseguran que si no se hubiera realizado, la compañía habría entrado en causa de disolución, “lo que sí hubiera supuesto un grave perjuicio para los accionistas”.
Ante los alegatos de los acusados, el fiscal anticorrupción Tomás Herranz solicitó al juez Andreu que ordenara una tasación independiente. Inicialmente esa valoración se encargó a la Dirección General del Catastro, dependiente de Hacienda, pero este organismo avisó al juzgado de que el departamento más indicado para hacerla era la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, perteneciente al Ministerio de Fomento.
Un informe crucial
El contenido del informe será fundamental para el devenir del caso, según fuentes de la investigación. En caso de que confirme las tesis de la ONIF y la IGAE y concluya que la valoración de las fincas de Aldira fue inflada por el consejo de Urbas y avalada por su experto independiente de Grant Thornton la acusación de Anticorrupción quedará casi totalmente probada. En cualquier caso, el documento será sometido a las partes y los peritos que los redacten tendrán que responder a sus preguntas ante el juez.
Durante su declaración como imputado el pasado enero, el socio de la auditora que consideró válida la operación societaria investigada se desvinculó del fraude. González de Olmo aseguró ante el instructor que redactó su informe solo con la información que le facilitó Urbas. También señaló que dio por buenas las tasaciones presuntamente sobrevaloradas porque procedían de tasadoras acreditadas.
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