El futuro Ministerio de Transportes, Movilidad y Ciudades Inteligentes, denominación que ahora se baraja entre los altos cargos de Fomento, va a poner en práctica una serie de medidas orientadas a completar el proceso de liberalización del transporte ferroviario en España. Entre ellas, y además de la entrada de nuevos operadores, figura la reordenación de los principales agentes públicos vinculados con la desmonopolización del sector. Adif y Renfe, bajo las presidencias respectivas de Isabel Pardo de Vera y de Isaías Taboas, protagonizarán un proceso de transformación orgánica que supondrá una especie de 'estatuto de autonomía' para asegurar su independencia funcional de la Administración del Estado.
Los expertos del departamento que dirige en funciones José Luis Ábalos trabajan a instancias de la Comisión Europea, que hace unos meses remitió a España una carta de emplazamiento como preaviso de un procedimiento de infracción por el excesivo control que ejerce la Administración del Estado sobre Renfe y Adif. Ambas empresas están dominadas por una mayoría de representantes políticos en sus respectivos consejeros de administración. La dependencia del Gobierno ha llegado al punto de que las tarifas que se cobran en España por el uso de la red ferroviarias, los célebres cánones de Adif, formen parte de la estrategia presupuestaria del Ministerio de Hacienda lo que contraviene también la doctrina comunitaria de Bruselas y supone un serio obstáculo para que la liberalización adquiera plena carta de naturaleza en España.
Los dirigentes ministeriales han asumido los requerimientos de Bruselas y son conscientes de que el plazo previsto para la apertura efectiva del mercado en diciembre del próximo año obligan a actuar con celeridad. Asimismo reconocen que es preciso reforzar los recursos de la CNMC en su condición de entidad de regulación y supervisión de una actividad económica en la que se han invertido cerca de 45.000 millones de euros. La red ferroviaria en España, con 10.000 kilómetros de vías y 2.800 kilómetros de Alta Velocidad, es la primera de Europa. Sin embargo a nivel de utilización, en cifras de tráfico, sólo supone la mitad que en Italia, una tercera parte del Reino Unido y un cuarto de lo que supone en Francia.
Este desequilibrio ha dado lugar a numerosas críticas sobre la eficiencia del sistema ferroviario y es una de las causas que justifica la liberalización gradual del mercado; primero en mercancías, después en transporte internacional y ahora en tráfico nacional de pasajeros. Las dos primeras experiencias no han resultado precisamente satisfactorias y el Gobierno no puede permitirse ahora un nuevo fracaso ante las instituciones europeas. El desafío no es trivial porque el programa de apertura a nuevos competidores tiene que ser abordado de manera complementaria con la garantía del actual servicio que reciben los ciudadanos por parte del Estado.
Para ello, Adif ha programado la red ferroviaria con un incremento de capacidad del 60% si bien ha predeterminado tres paquetes de surcos orientados a facilitar el desarrollo de Renfe como primer agente del sector. Esta situación exige también que la empresa operadora dependiente del Ministerio de Fomento pueda funcionar sin los 'grilletes' que supone su adscripción administrativa y que le hace depender en exceso de decisiones políticas. El objetivo ahora es que Renfe se convierta en una 'utility' de movilidad antes de que la desregulación y el desarrollo tecnológico terminen por incorporar nuevos agentes que laminen la capacidad competitiva de la compañía heredera del actual monopolio.
Los 'pequeños detalles' de la liberalización
El plan estratégico de Renfe contempla la puesta en marcha de un nuevo servicio 'low price' antes del verano de 2020. La compañía sacará a licitación previamente la adquisición de la plataforma tecnológica destinada a actuar como empresa integral de movilidad. Además se adaptarán nuevas unidades de venta y ofertas comerciales y se modificará el interfaz con el cliente a través de la página web. La entrada de competidores en España se compensará con un programa de internacionalización que pretende incrementar el volumen de negocio en el mercado exterior para que represente un 10% de la facturación del grupo dentro de 10 años. En la actualidad la cifra de negocio fuera de la red nacional es sólo del 0,1% de los ingresos totales.
La posición respectiva de Renfe y Adif en el nuevo mercado abierto a la competencia implica un importante desafío para la CNMC, que en diciembre volverá a la carga para definir los accesos de los nuevos operadores a los servicios básicos y auxiliares que ahora controlan las dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Fomento. La CNMC es consciente que "el diablo acecha en los pequeños detalles" y de ahí que se mantenga en alerta ante un proceso que va a poner a prueba la independencia y capacidad de gestión de entidades que hasta ahora han trabajado bajo la tutela del Estado y en un régimen de monopolio.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios