La Fed autorizó 'in extremis' la compra de Popular para incluir su filial en EEUU

  • La Reserva Federal tuvo que autorizar la transacción porque contemplaba Totalbank. Su visto bueno se prolongó y llegó al límite del tiempo. 
El Gobierno pide tranquilidad ante un nuevo descalabro del Banco Popular
El Gobierno pide tranquilidad ante un nuevo descalabro del Banco Popular

La resolución del Popular estuvo en el aire casi al límite del tiempo estipulado por el Fondo de Resolución (Frob). La entidad había sido adjudicada al Santander, pero era inviable firmar la transferencia hasta contar con un permiso del supervisor de EEUU porque incluía el Totalbank de Florida, que llegó rozando el tiempo ‘finish’: cerca de las 6.00 de la madrugada del día 7 de junio... quizá producto del apretadísimo calendario fijado por el organismo de resolución.

El ‘Process Letter’ sobre la venta de la entidad obligaba a presentar las ofertas antes de las 24.00 horas del día 6. Esto es, el Frob tenía una hora para analizar y seleccionar al ganador antes de la 1.00 de la madrugada. En las cuatro horas siguientes tocaba aplicar la resolución, recabar todos los permisos y concluir el proceso con la firma del contrato de venta a las 5.30 horas. Pero, para entonces, no había llegado el plácet de la Reserva Federal de EEUU (Fed, por sus siglas en inglés) sembrando cierto nerviosismo sobre el proceso, relatan fuentes al corriente de la operación.

La razón de la intensa hoja de ruta era que el Popular pudiese amanecer ese día 7 estabilizado, disolver la inquietud instalada en el mercado y entre depositantes y surtir la operativa normal a clientes -las sucursales abren a las 8.30 horas-. La alternativa que se abría de fracasar la resolución era conducir la entidad a un proceso concursal asimilable a la liquidación de Banco Madrid.

Se trataba de un simple permiso burocrático. Aunque en esas horas frenéticas, de haber fallado, la capacidad de maniobra era inexistente o casi porque la oferta del Santander era la única sobre la mesa, después de que BBVA se retirarse por necesitar tiempo adicional para analizar los números del Popular. Y el proceso de venta era muy rígido: exigía formular oferta sobre el grupo íntegro, sin renunciar a ningún activo, división, filial o negocio; salvo permiso expreso del Frob en muy alta instancia, impidiendo en la práctica segregar un Totalbank que no era estratégico como se ha demostrado después.

Se trata de una entidad muy pequeña para el grupo cántabro -con apenas 2.608 millones de euros en activos dentro de un coloso con 1,47 billones en activos-, pero necesitaba el visado previo, máxime cuando la filial del Santander en EEUU logró superar el test de estrés de la SEC el pasado ejercicio después de encadenar cuatro suspensos sucesivos que le impidieron distribuir dividendos a los accionistas.

No lo ha conservado. Totalbank fue, de hecho, uno de los primeros activos del sexto banco español de los que se ha desprendido. Cerró su venta al chileno Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por 528 millones de dólares (444 millones de euros) solo seis meses después de asumir el control del Popular.

En plena contrarreloj, el frenesí escaló todavía más cuando llegó la autorización, debido a las complejidades del documento contractual de venta. Tuvieron que levantar hasta tres actas diferentes por desconocimiento sobre cómo registrar una transacción tan inédita y acabó imponiéndose un documento preparado por el bufete del Santander, Uría Menéndez, indican las fuentes consultadas.

Oferta: en metálico y por un euro o superior

El primer escrito plasmaba una venta al uso, que los asesores del Santander echaron abajo para imponer que recogiera de forma específica que se deriva de un proceso de resolución previo, con todas sus implicaciones. No es baladí dado que ahora esos contratos son el ‘notario’ de la transacción frente a los centenares de demandas interpuestas sobre la intervención y solución dada al Popular.

El relato de los hechos del Frob, la JUR o el Santander es coincidente en un punto crítico: solo firmó después de que se resolviese la entidad o lo que es lo mismo, cuando las autoridades de resolución ya habían decidido y ejecutado la reducción a cero de los más de 3.000 millones de euros en inversión de accionistas y tenedores de bonos.

¿Hubo otras opciones? El citado ‘Process Letter’ revela que iban a ser amortizados 2.000 millones en bonos, más su capital -los 1.300 millones que valían en bolsa-. A los potenciales postores por el Popular sólo les exigía formular una oferta “en metálico” igual o superior a un euro. El Santander ajustó su propuesta al mínimo exigido y ganó. Los inversores perdieron, y litigan.

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