Los compromisos salariales del Banco Santander con Andrea Orcel excedían los términos de la política de remuneraciones que la entidad presidida por Ana Botín aprobó en la junta general de 2017 y, por lo tanto, tenían que ser adaptados a un nuevo marco retributivo que debería ser adoptado por acuerdo vinculante de la propia asamblea general. Este es uno de los factores más importantes que argumenta el banco para defender ante los tribunales que la oferta formulada por carta al financiero italiano en septiembre del pasado año no puede ser considerada como un contrato exigido por Ley y en ningún caso fue materializado como tal.
La política de remuneraciones de las sociedades cotizadas tiene que ser necesariamente acordada por la junta general cada tres años y en el caso del Banco de Santander el marco vinculante al que estaban sometidos los salarios de sus consejeros había sido adoptado en la reunión anual con los accionistas que se celebró el 7 de abril de 2017. En dicho esquema legal se especifican los distintos conceptos retributivos, tanto fijos como variables, además de las formas de pago de los incentivos y las métricas de resultados a que están sujetos los consejeros con labor ejecutiva en el banco. Al margen de todos los condicionantes que establecen la retribución final, el Banco Santander fijaba entonces un salario bruto anual para su consejero delegado, José Antonio Álvarez, de dos millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a la ofrecida a Orcel.
Los detalles de la carta-oferta presentada al banquero italiano contemplaban una ficha anual de 10 millones de euros, que se desglosaban en 2,9 millones de salario bruto más 5,35 millones en variable y 829.000 euros en un plan de pensiones. El importe se redondeaba con otras aportaciones adicionales de 921.000 euros. Aparte de esta retribución anual, el banco también estaba dispuesto a pagar de entrada lo que se entiende como un salario de retiro (buyout) de hasta 35 millones de euros. Esta última cantidad tenía por objeto compensar las remuneraciones diferidas a siete años devengadas con su antiguo empleador, el banco suizo UBS, y que Orcel perdería automáticamente si se incorporaba a otra entidad financiera.
Dicha contraprestación excedía los planteamientos aprobados por la junta general, de manera que la contratación de Orcel, para ser efectiva, debía estar precedida por una nueva política de remuneraciones que, según ha reconocido el propio banco, constituía "una exigencia legal indeclinable". El nombramiento del fallido consejero delegado podía ser adoptado por el consejo de administración a través de la socorrida fórmula de la cooptación y ser refrendado después por la asamblea general pero, en cambio, el salario ofertado tenía necesariamente que venir respaldado por acuerdo vinculante de la masa social del banco.
Cumplimiento del buen gobierno corporativo
La entidad que preside Botín ha subrayado ante el juzgado de instrucción número 46 de Madrid su buena fé en las relaciones profesionales con Orcel, invocando un detalle que resulta también especialmente significativo en su política de remuneraciones. Se da la circunstancia de que el banco no tiene contemplado ningún tipo de indemnización en el caso de terminación de los contratos de sus consejeros ejecutivos más allá de la que venga impuesta por la ley. La única excepción a este régimen general es el pago del 80% del salario fijo en virtud a lo que se conoce en el mundo corporativo como 'no compite' y que equivale a un periodo de incompatibilidad para trabajar en otras empresas, que en el caso del Santander es de dos años.
Algunos observadores del conflicto señalan que el banco podría haberse ahorrado muchos quebraderos de cabeza si hubiera formalizado el fichaje del banquero para después, y sin mayor solución de continuidad, rescindir el contrato por la vía rápida. Es cierto que una actuación de este tipo habría generado un cierto escándalo en los mercados, pero tampoco mucho mayor que el que ahora se ha producido y que aboca a un pleito de larga duración en los tribunales, con el consiguiente efecto perverso para la imagen y reputación de la primera entidad financiera del país.
El Banco Santander intenta dejar claro en las comunicaciones pública emitidas sobre el asunto que todas las actuaciones han cumplido de manera escrupulosa los requerimientos de buen gobierno corporativo y que, precisamente, por ello el contrato no pudo ser perfeccionado ya que dependía de una serie de condiciones previas que no se cumplieron. Todo ello como salvaguarda para rectificar una decisión claramente equivocada como ha admitido el propio banco tras conocer los detalles de la demanda presentada por Orcel.
El vídeo que deja en evidencia al banquero italiano
En dicha documentación el banquero italiano aportó audios de sus conversaciones con distintos altos directivos de la entidad, incluyendo a la propia Ana Botín, además del secretario del consejo, Jaime Pérez Renovales. Los procedimientos de Orcel han indignado al Banco Santander, más si cabe teniendo en cuenta que el banquero italiano había grabado antes y de forma voluntaria un vídeo admitiendo de buen grado en primera instancia la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado.
La posibilidad de una solución pactada se antoja ahora bastante complicada teniendo en cuenta la desconfianza mutua generada, aunque es previsible que en las próximas semanas las dos partes comprendan que el peor de los acuerdos siempre es mejor que un buen pleito. Orcel amenazó en su día señalando que "no soy una persona que deja pasar las cosas si creo que no es lo correcto", pero una vez que el banquero ha roto las hostilidades el Santander parece que también cuenta con munición legal para defender su posición en los tribunales
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