El sector petrolero ha cuestionado de forma pública y contundente las medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica en su anteproyecto de ley de Cambio Climático. Las críticas corren a cargo del presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, y se han producido en presencia de la ministra Teresa Ribera, que ha participado este lunes en el acto de celebración de los 25 años de actividad de AOP.
Aires ha centrado sus críticas en la prohibición de venta de vehículos contaminantes a partir de 2040. Según ha enumerado, la medida anunciada afecta a la libertad de consumo de los ciudadanos, vulnera el principio de neutralidad tecnológica, afectará para mal a las ventas, incrementará la antigüedad del parque móvil y, para terminar, incrementará las emisiones.
El presidente de AOP ha recordado que el sector petrolero ha invertido 27.000 millones en 25 años y ha solicitado a la ministra trabajar conjuntamente para alcanzar los objetivos que plantea el Gobierno en lugar de tomar decisiones por su cuenta y anunciarlas sin haberlas discutido antes con los principales afectados.
En su discurso de respuesta, Ribera ha tendido la mano y ha propuesto trabajar con AOP para lograr los objetivos en el conjunto de la nación. Aun a´si, ha puntualizado que el Gobierno solo ha puesto sobre la mesa un documento de trabajo para su debate y que la verdadera negociación empieza justo ahora.
De vuelta a las palabras de Luis Aires, la prohibición adelantada con tanto tiempo crea una "incertidumbre innecesaria" y puede reducir la competitividad de sectores, como el de la automoción, poniendo en riesgo el empleo. Aires ha recordado que la venta de vehículos diésel ya se está viendo afectada, al tiempo que ha apuntado que de los 23 millones de automóviles del parque español sólo 25.000 son eléctricos puros. Ha indicado, por lo tanto, que la prohibición contenida en el anteproyecto puede retrasar decisiones de compra, incluso provocar un retraso en la compra de vehículos de combustión más eficientes que los que circulan actualmente, con el consiguiente aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
A ello hay que añadir que, a partir de 2050, esa prohibición puede crear problemas con ciudadanos procedentes de otros países de la UE que quieran venir con sus vehículos y que en sus naciones de origen no tengan prohibida la circulación con vehículos de ese tipo. Así, el presidente de la AOP ha afirmado que la prohibición va en contra del "progreso eficiente", al apostar por una "tecnología no madura", como la eléctrica, y no dejar que compitan otras.
También ha reclamado que se incentive la compra de vehículos nuevos, pues el 60% del parque automovilístico español tiene más de diez años y en su antigüedad radica gran parte del problema de las emisiones. Aires también ha criticado la obligatoriedad para que determinadas estaciones de servicio instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos, con sanciones de hasta 30 millones de euros por instalación a los que incumplan. Obligar a hacer inversiones de forma coercitiva, ha advertido, no respeta el principio de libertad de empresa además de poner en riesgo que esas inversiones no se amorticen con la aparición de nuevas tecnologías. Así, Luis Aires ha recordado cómo las primas a las energías renovables generaron un déficit de tarifa eléctrico al introducirlas cuando no eran competitivas
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