El pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo da un golpe definitivo al modelo de trabajo de las plataformas digitales como Glovo y Deliveroo. Tras estudiar el recurso de casación interpuesto por uno de los 'riders' de la startup española, el Alto Tribunal concluye que la relación que existe entre un repartidor y Glovo tiene "naturaleza laboral".
La Sala de lo Social sostiene que Glovo "no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores". "Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación del servicio", asegura el Alto Tribunal en una comunicación oficial.
No se queda ahí. La compañía además de fijar las condiciones de trabajo es titular de los activos esenciales que son necesarios para la realización de la actividad, como son la aplicación móvil o las mochilas. "Se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador", apunta en la comunicación.
El fallo, al que le seguirá una sentencia que se hará pública en los próximos días, procede de un recurso interpuesto el pasado mes de enero por un trabajador vinculado a Glovo. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se le dio la razón a la empresa y acudió al Alto Tribunal. Queda pendiente el otro recurso presentado por Deliveroo tras una sentencia desfavorable también en Madrid.
Tras estudiar el recurso, la Sala sienta doctrina con este primer pronunciamiento y marca el camino para el resto de decenas de casos abiertos en los tribunales puesto que 'tumba' judicialmente el modelo. Llega después de que el Gobierno haya pospuesto en varias ocasiones la regulación de la figura del 'rider' a través de una modificación de la ley.
Hoy mismo el propio sindicato UGT ha pedido al Ejecutivo que paralice la aprobación de esa normativa, que está prevista para las próximas semanas. Incluso ha denunciado la "explotación" que se produce en estas plataformas, según un informe que ha elaborado en los últimos meses. Es por ello que ha pedido al Ministerio Fiscal que intervenga ante supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores.
Precisamente, a esa regulación del Gobierno se agarra Glovo para tratar de salvar su modelo. "Glovo espera la definición de un marco regulatorio por parte del Gobierno y Europa, algo que la empresa siempre ha defendido, ya que las resoluciones judiciales versan sobre situaciones concretas de un modelo en constante evolución", apuntan en un comunicado. Insiste en que esa nueva regulación debe ser promovida "en base al diálogo de todos los actores. "La compañía quiere ser parte activa de la solución, manteniendo una posición abierta y de consenso con las asociaciones, agentes sociales y el Ministerio", apostilla.
Este fallo es un hito dentro de una batalla que afecta a miles de 'riders' que trabajan para estas plataformas en España desde que a mediados de la pasada década se implantaran. Sólo Glovo cuenta con más de 7.000 repartidores, que se suman a los que tienen otras compañías del sector como Deliveroo o UberEats. Hay otro caso que también está judicializado y es el de Amazon Flex, el servicio por el que repartidores particulares entregan paquetes.
Un modelo caído
Para Glovo y Deliveroo la inclusión de estos repartidores como empleados supondría un roto en sus cuentas. En palabras del consejero delegado y cofundador de la primera, Óscar Pierre, sería "una buena faena", aunque insistió hace algo más de un año en que seguiría siendo viable. "Nos adaptaríamos", admitió. ¿Cómo afectaría a las cifras? Implicaría pasar de los 45 millones de euros que gastan en servicios profesionales independientes (que, en su inmensa mayoría, son los pagos a 'riders') a unos costes laborales mucho más altos. Según las cifras de la UGT, entre la española y la británica no pagan 168 millones en salarios y cotizaciones.
Según varias fuentes del mercado, ese incremento de costes podría superar el 50% al sumar cotizaciones, el mes de vacaciones, la provisión de la indemnización por despido y otros costes. Y, además, perderían la controvertida flexibilidad de la que hoy disfrutan con la gestión de los 'riders' tanto en horas valle, con mucha menos demanda y menos pedidos (paga menos), como en los picos.
Hasta ahora, todas estas compañías han sido objeto de decenas de denuncias tanto por grupos de 'riders' como por particulares. La Inspección de Trabajo ha levantado un puñado de actas reconociendo a los trabajadores como 'falsos autónomos'. Este proceso va en paralelo a la regulación que está preparando el Gobierno. Y desde las empresas no han reservado dinero para afrontar los pagos. Glovo recibió cuatro actas en los primeros meses de 2019 que sumaban casi 5,5 millones de euros en cotizaciones a abonar. La startup se niega a provisionarlas.
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