El Tribunal Supremo ha fallado a favor de Caixabank, Bankia y Banco Santander para que el Estado devuelva a las tres entidades los 1.350 millones de euros que adelantaron a las arcas públicas para compensar a ACS y al grupo canadiense Dundee por el cierre del almacén de gas Castor en 2013. La sentencia contempla el pago de los intereses devengados. El fallo a favor de la banca pone fin a una disputa de dos años. Del total reclamado, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes.
Los tres bancos asumieron los 1.350 millones de deuda del Castor de manos del gestor del sistema gasista Enagás después de que las constructoras -ACS y la canadiense Dundee Energy- fueran compensadas por el cierre del almacén tras los movimientos sísmicos detectados frente a las costas de Castellón.. El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó la vía urgente del Real Decreto-Ley para dar luz verde a la compensación a las empresas. Pero el Constitucional tumbó el decreto y, de paso, toda la operación de financiación de la deuda construida con la banca.
La arquitectura de la operación acordada con los bancos preveía la devolución de los 1.350 millones durante 30 años con un interés del 4,3%, lo que suponía un negocio muy rentable. El Supremo no respalda todo el negocio perdido. Avala la devolución la cantidad adelantada por los bancos y el pago de intereses.
Los bancos reclamaron apelando a la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que prevé responsabilidad patrimonial del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez aplicó la misma fórmula que ya había plateado el Gobierno de Rajoy¨; silencio administrativo y que se pronunciaran los jueces. Los tres bancos reclamantes coordinaron estrategia y contrataron asesores externos. El despacho elegido para preparar la batalla recién concluida fue el británico Linklaters, con una amplia experiencia en pleitos y arbitrajes internacionales.
Caixa y Bankia, en pleno proceso de fusión, y Santander, han contado con una buena baza para defender sus reclamaciones. Hace un año, el Consejo de Estado aprobó por mayoría cinco dictámenes sobre el caso en los que instaba al Gobierno a resolver "con premura" las reclamaciones de los tres bancos para recuperar los 1.350 millones que adelantaron tras la clausura de la instalación en 2013.
Los dictámenes adelantaban algunas de las cuestiones que podrían formar parte del fallo del Supremo. Así, a juicio del Consejo, el Gobierno hubiera debido actuar con rapidez para promover "la correspondiente iniciativa legislativa" para "evitar perjuicios económicos al Estado" por la prolongación del caso. Demorar más la solución -como ha sucedido en la práctica- obligaría al pago de intereses y podría provocar, sostenía el organismo, "otros eventuales efectos indeseables".
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